Doce municipios de Tarragona son declarados áreas tensas de vivienda

El Departamento de Territorio inició ayer el trámite de información pública para delimitar los municipios que se declararán zonas de mercado residencial tensionado y donde se aplicarán las medidas de limitación de las rentas del alquiler.

Entre los 140 municipios, 12 pertenecen a las comarcas tarraconenses. Concretamente, Reus, Tarragona, Valls, Salou, Cambrils, Torredembarra, el Vendrell, la Canonja, Falset, Móra la Nova, Amposta y Tortosa cuentan con una oferta insuficiente de vivienda asequible y, además, cumplen los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de las rentas.

Ahora se abre un periodo de información pública de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se responderán las alegaciones recibidas y la resolución final se notificará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que será finalmente quien las aprobará. La vigencia de la declaración será de tres años y se podrá prorrogar por anualidades siguiendo el mismo procedimiento.

Para hacer la declaración, y para garantizar la coherencia de las zonas tensionadas con la planificación territorial de las políticas de vivienda en Cataluña, se han identificado 163 municipios potenciales y que son los que el Plan territorial sectorial de vivienda, actualmente en la fase final de la tramitación, considera como áreas de demanda residencial fuerte y acreditada.

De estos 163 municipios, 140 cumplen los requisitos que establece la Ley estatal para ser declarados áreas tensas. Por una parte, la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

Por otra parte, el precio de alquiler o compra de la vivienda ha experimentado los cinco años anteriores a la declaración como área de mercado de vivienda tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios en el consumo de la comunidad autónoma. En los 140 municipios viven 6,2 millones de personas, lo que representa un 80,6% de la población de Cataluña.

En estos municipios es donde el Gobierno aplicará las medidas de contención, de manera tal que el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de aquel contrato.

Además, cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al Índice de referencia del precio de alquiler. Cataluña ya dispone de un índice propio que se utilizó para implementar la regulación de los alquileres que ya preveía la ley catalana. El Departamento de Territorio ya ha pedido al Ministerio la homologación de este índice catalán.

Para agilizar la declaración de las áreas tensas y aplicar estas medidas lo antes posible, el documento tramitado por la Generalitat ya incluye la definición de carácter general de gran tenedor como la persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros.