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ERC exige que la decisión de retirar el Ayuntamiento del caso Inipro pase por el pleno

Esquerra asegura que no hay ninguna «urgencia» que justifique la manera de actuar del alcalde, Rubén Viñuales, quien firmó ayer por la mañana el decreto

El consejero de Esquerra Republicana, Xavier Puig, y la portavoz del partido, Maria Roig.

ERC exige que la decisión de retirar el Ayuntamiento del caso Inipro pase por el plenoACN

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El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, firmó este martes el decreto para retirar el Ayuntamiento como acusación particular del caso Inipro. El alcalde justificó esta decisión defendiendo que se trata de una «personación totalmente extemporánea y fútil procesalmente. No sirve para nada, sólo para intentar enterarte de lo que pasa y acceder a los documentos». Como era de esperar, Esquerra Republicana alzó la voz para exigir a Viñuales que «se retracte y deshaga este decreto». La primera fuerza de la oposición asegura que, «con la ley en la mano» y según los asesores jurídicos del partido, «eso tendría que pasar por el pleno».

Según el artículo 22 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dos de las atribuciones del pleno municipal son la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento y el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria. Según marca el artículo 21, el alcalde sólo podrá llevar a cabo estas acciones, en materias de la competencia del pleno, cuando se trate de un caso de urgencia. Así actuó, en el 2020, el exalcalde Pau Ricomà cuando firmó el decreto de urgencia para que el Ayuntamiento se personara en la acusación del caso.

La portavoz de ERC, Maria Roig, aseguraba que, en aquel momento, «había un plazo para presentar la acusación» que justificaba las prisas para firmar el decreto. «Ahora, no vemos esta urgencia para actuar de esta manera», expresaba. La consejerarepublicana lamentaba que esta sea «la primera gran decisión de Viñuales», la cual duda de que haya sido «pensada por los tarraconenses». En este sentido, el consejerorepublicano Xavier Puig aseguraba que el alcalde «está priorizando los intereses de su nuevo partido y el personal, y no los de la ciudad». El edil lamentaba que se vincule el nombre de Tarragona con corrupción e indicaba que el Ayuntamiento, como parte afectada, «tenía que cumplir su obligación de personarse» para defender los intereses generales.

Puig afirmaba que existe un «conflicto de intereses», ya que, entre otros, la consejerasocialista y presidenta del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Cecilia Mangini, «es testigo de cargo y tendría que testificar contra su propio partido». Por otra parte, Roig tiró de hemeroteca y cargó contra Viñuales, recordando que el alcalde tildó de «muy grave» el caso Inipro, que investiga la presunta trama de corrupción en que se habrían desviado 276.157,31 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales al PSC. En aquel momento, añadía a la portavoz de ERC, Viñuales pidió la dimisión del exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros.

Otras motivaciones

Rubén Viñuales tiró un dardo contra Esquerra afirmando que se mostraba «escéptico» con respecto a las motivaciones que llevaron a esta personación. En este sentido, el alcalde añadía que «la causa continúa y lo que no permitiré es gastar dinero público en una cosa que se quería utilizar para un interés que, público, tenía poco». Sin embargo, apuntaba que el anterior gobierno contrataba siempre «al mismo abogado que iba a las listas de ERC», para todos los procedimientos. Afirmaba, también, que el anterior gobierno se personó en la fase de presentación del escrito de acusaciones.

Por su parte, Puig defendía que no se trata de un «juicio político» y aseguraba que el argumento de no gastar dinero es «ridículo». «¿Nos retiraremos del caso Iqoxe por los mismos argumentos?», lanzaba el edil, quiense preguntaba si el alcalde, con su manera de actuar respeto al caso Inipro, ha marcado «un nuevo paradigma, con el cual el Ayuntamiento no se personará nunca en las causas donde sean los intereses de los tarraconenses los que se vean afectados.»

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