ERC lleva a la justicia la retirada del Ayuntamiento de Tarragona del caso Inipro

Esquerra Republicana ha presentado un recurso al juzgado contencioso administrativo en contra del decreto firmado por el nuevo alcalde, Rubén Viñuales, para retirar el Ayuntamiento de Tarragona como acusación particular al caso Inipro, que investiga la presunta trama de corrupción de desvío de dinero públicos para beneficiar al PSC. La justicia ha admitido a trámite el recurso, en el cual los republicanos pedían aplicar medidas cautelarísimas para suspender temporalmente y de manera inmediata la validez del decreto hasta que se resolviera la situación. En este sentido, se han denegado para escuchar antes la versión del consistorio y, entonces, tomar una decisión al respecto.

El Ayuntamiento tendrá tres días hábiles para hacer alegaciones, una vez recibida la notificación. A partir de este momento, la justicia decidirá si se aplican las medidas cautelares, o si se descartan, hasta que se resuelva el recurso administrativo. «Después de la firma para retirarse como acusación particular en el caso Inipro, pedimos una copia del decreto y hemos decidido interponer el recurso», explicaba ayer la portavoz de ERC, Maria Roig.

Roig explicó que el recurso se había admitido a trámite y que se había enviado al Audiencia Provincial. Los republicanos defienden que es «la justicia la encargada de decidir si hay delito o no» y que el consistorio «tiene que saber cómo continúa el proceso y defender los intereses de los tarraconenses». «En todo caso, esta decisión no puede tomarse mediante un decreto, sino que tendría que pasar por el pleno», argumentaba Roig.

El exalcalde Pau Ricomà firmó en el 2020 el decreto de urgencia para que la corporación se personara en la acusación del caso. No obstante, hace unos días, Viñuales firmó el decreto para retirarse. El alcalde socialista reprochó ERC «intentar estirar el chicle» poreste asunto. «El Ayuntamiento no renuncia a las acciones civiles que puedan corresponder en un futuro, sino a personarse como acusación particular», explicó en una rueda de prensa y acompañado de los concejales de gobierno, entre los cuales se encontraba Cecilia Mangini. Precisamente, Mangini, actual concejala de Servicios Sociales e Inmigración, tendrá que declarar como testigo, ya que en el 2010 era trabajadora de la empresa Inipro.

Mientras tanto, el proceso judicial del caso Inipro continúa adelante y llevaráa juicio a una decena de personas porunpresunto desvío de 276.157 euros del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSST) entre los años 2010 y 2012, durante el mandato del alcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros. Sin embargo, la Fiscalía defiende que este dinero sirvió para promocionar la imagen del mismo Ballesteros.