Inician los trámites para desalojar dos viviendas ocupadas en la Part Baixa y Campclar

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado los trámites para desalojar dos viviendas ocupadas, de forma delincuencial, en el barrio de Campclar y en la Part Baixa de la ciudad.

El alcalde, Rubén Viñuales, firmó dos decretos el viernes pasado para agilizar la tramitación que se hace bajo el amparo de la nueva ley 1/2023 del 15 de febrero de este año. Ha explicado que hay numerosos informes policiales que certifican la conflictividad de los ocupas y que no se trata de casos de vulnerabilidad.

Aunque no ha adelantado el número de viviendas delincuenciales ocupadas, el alcalde ha asegurado que trabajan con más expedientes. «Garantizaremos la seguridad y convivencia de los tarraconenses, cuando los propietarios y grandes tenedores no inician las acciones oportunas», ha dicho.

El alcalde de Tarragona ha afirmado que la gran mayoría de pisos ocupados de forma delincuencial son propiedad de bancos y grandes tenedores, quienes, dice, «no hacen nada» para revertir esta problemática. Sin embargo, no ha concretado la cantidad de viviendas que hay en la ciudad con este tipo de ocupaciones ni qué zonas reúnen más para no «estigmatizar» los barrios, ya que apunta que hay tanto en las zonas de Llevant, de Ponent como en el centro.

En el caso de los pisos de Campclar y la Part Baixa, Viñuales ha explicado que los dos expedientes abiertos ya han finalizado y que ahora lo comunicarán a sus propietarios para que actúen. Si no lo hacen, sostiene, el consistorio actuará para que se ejecute el proceso judicial para desalojar a los ocupas. Se trata de dos viviendas, en las que se han producido episodios de violencia, amenazas y destrozos de materiales. «Son situaciones que el vecindario no tiene por qué aguantar», ha expresado el alcalde.

Para Viñuales estas dos primeras acciones para combatir las ocupaciones eran las «más urgentes y necesarias» y ha aseverado que son uno de los primeros ayuntamientos en implementar la nueva ley del derecho de la vivienda. También ha asegurado que llevarán a cabo las actuaciones que sean «necesarias» porque trabajan con más expedientes. Sin embargo, no ha especificado la fecha de la ejecución de estos dos desalojos, argumentando que es una cuestión que depende de los procesos judiciales, ni tampoco ha concretado el calendario de las próximas tramitaciones.

En paralelo, ha subrayado que la apertura de nuevos expedientes se realiza coordinadamente con los Servicios Sociales, que emiten informes «garantistas» de las situaciones de vulnerabilidad de las personas que ocupan las viviendas. De hecho, ha remarcado que la aplicación de la nueva ley se realiza tras contar con numerosos informes policiales que acreditan tanto la conflictividad de los ocupas como el «agotamiento» de todas las vías de negociación y mediación.

«Hablamos de situaciones extremas y de hechos delictivos que ponen en peligro la seguridad de vecinos y que han traído problemas que incluso han requerido tratamientos médicos, es un tema muy serio, el cual no se puede frivolizar», ha sostenido. Y ha añadido: «La CUP- en el anterior mandato- hizo muy bien con la compra de muchos pisos, con unos 2,5 millones de euros, para emergencias habitacionales; nosotros seguiremos haciéndolo».