Tarragona inicia acciones legales para desalojar viviendas ocupadas

El Ayuntamiento de Tarragona ha puesto en marcha acciones legales para acabar con la ocupación delincuencial de dos viviendas, uno en Campclar y el otro en la Parte Baja. El consistorio tarraconense se ampara en la nueva Ley 1/2023, de 15 de febrero, aprobada por el Parlament de Catalunya, que permite a las administraciones locales iniciar los procedimientos pertinentes para desalojar los pisos si no lo hacen los propietarios. Más allá de estos dos primeros expedientes, el Ayuntamiento ya trabaja para resolver otras ocupaciones delincuenciales, tal como hizo saber el alcalde, a Rubén Viñuales.

El pasado viernes firmó los dos respectivos decretos sobre los casos de Campclar y la Parte Baja. «Aplicaremos la ley de manera transparente y garantista», manifestó al alcalde. Viñuales aseguró que las acciones legales se han empezado después de recibir numerosos informes policiales, los cuales confirman la «conflictividad de los ocupas». «Hay varias familias que viven aterradas», indicó.

Intentos de agresión, destrozos y amenazas con arma blanca son algunas de las circunstancias que sufren hoy día las nueve familias afectadas por las dos ocupaciones en cuestión, según Viñuales. Incluso, expuso que, en algunos casos, los vecinos han requerido tratamientos médicos. «Es un tema muy serio con el cual no se tiene que frivolizar», señaló.

El alcalde de Tarragona detalló que también se han valorado informes exhaustivos de Servicios Sociales, en los cuales se asegura de que los ocupas no se encuentran «en situaciones de vulnerabilidad», que no hay menores y que «se han agotado todas las vías de mediación y negociación». Tarragona será uno de los primeros municipios a utilizar la nueva ley para «hacer prevalecer la seguridad y la convivencia vecinal», tal como puso de relieve Viñuales.

El alcalde explicó que hace tiempo que el Ayuntamiento trabaja en estas dos ocupaciones que se han tramitado, los cuales requieren «más urgencia». No obstante, afirmó que ya se está trabajando para incoar otros expedientes. «Garantizaremos la seguridad y la convivencia de los tarraconenses cuando los propietarios y grandes tenedores no inicien las acciones oportunas», comentó. El plazo para la ejecución de los desahucios dependerá de los procesos judiciales.

El alcalde puso de manifiesto que en Tarragona «hay demasiadas situaciones de este tipo» y espera la colaboración de los grandes tenedores y las entidades bancarias de ahora en adelante, ya que son los propietarios de la mayoría de viviendas ocupadas, tal como destaca. Viñuales subrayó que hay casos localizados tanto en Ponent y en el centro como urbanizaciones de Levante, pero no especificó las cantidades para no «estigmatizar» los barrios.

Por otra parte, aseguró que el Ayuntamiento daría continuidad a las políticas puestas en marcha por la exconsejeraEva Miguel para dar respuesta a la emergencia de vivienda: «Seguiremos comprando pisos aplicando el derecho de tanteo y retracto. E incentivaremos a los grandes tenedores a utilizar sus viviendas de una manera social».