La Cambra de la Propietat de Tarragona alega contra el mercado residencial tensionado

La Cambra de la Propietat de Tarragona ha presentado oficialmente alegaciones contra el acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de zonas de mercado residencial tensionado que afecta, entre otros, a 13 municipios de la provincia de Tarragona: Amposta, Cambrils, la Canonja, Falset, Móra la Nova, Reus, Roquetes, Salou, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls y el Vendrell, según la ley estatal 12/2023 de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

El acuerdo, anunciado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 22 de junio de 2023, tiene como principal objetivo evitar el incremento de los alquileres en el mercado residencial y garantizar el acceso a la vivienda a precios razonables para la población. No obstante, la Cambra de la Propietat de Tarragona ha expresado sus preocupaciones sobre las posibles repercusiones de la aplicación de esta declaración, dado que «muy seguro se reducirá la oferta de viviendas destinadas al alquiler residencial, y eso comportará una mayor dificultad para las personas que buscan un hogar en este mercado, especialmente las que no pueden acreditar una adecuada capacidad económica y solvencia contrastada para asumir el alquiler».

Alegaciones

Entre las principales alegaciones presentadas por la Cambra de la Propietat de Tarragona contra este acuerdo de la Generalitat para decretar esta zona de mercado residencial tensionada, en primer lugar, se encuentra la «violación del principio de autonomía local», dado que «la Generalitat ha tomado esta decisión sin consultar a los ayuntamientos afectados». En segundo lugar, alegan una falta de procedimiento preparatorio, por el hecho de que «tendría que incluir una consulta pública y una audiencia para recopilar información sobre la situación del mercado residencial en la zona», apuntan.

A continuación recalcan «la ausencia de un plan específico con las medidas necesarias para corregir los desequilibrios evidenciados en estas zonas», y finalmente por «una falta de mecanismo de compensación para los propietarios afectados por esta medida». Desde la Cambra concluyen que «si este acuerdo no se reformula, el procedimiento podría ser anulado por los tribunales de justicia».

Los requisitos que establece la ley estatal para ser declarados áreas tensas son que la carga media del coste del alquiler o de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Además, también se contempla la opción que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya experimentado los cinco años anteriores a la declaración como área tensionada, un porcentaje de crecimiento acumulado de al menos tres puntos porcentuales superior al de la variación de los precios de la comunidad autónoma.

La vigencia de la declaración, si es aprobada, será de tres años y se podrá prorrogar por anualidades siguiendo el mismo procedimiento. En los municipios que acaben siendo declarados como áreas tensas el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de aquel contrato. Cuando se trate de un gran tenedor, el alquiler no podrá ser superior al índice de referencia del precio de alquiler.