Cepta desconfía de la ley contra la morosidad: «Nunca ha tenido éxito»

La lucha contra la morosidad en las empresas no es nueva, sino que desde hace tiempo genera debate entre el sector. Si bien se han creado marcos legislativos para solucionarlo, el problema persiste porla falta de sanciones ante el incumplimiento. Ahora, la Comisión Europea (CE) quiere imponer un límite máximo de 30 días para que los proveedores paguen a las pequeñas y medianas empresas. Un cambio que provoca elogios y críticas a partes iguales.

La normativa actual fija un plazo máximo para pagar las facturas de 60 días, de manera que el cambio supondría reducirlo a la mitad. Así lo propuso la semana pasada desde Estrasburgo el comisario para el Mercado Interior, Thierry Breton, quien aseguró que el nuevo conjunto de normas generará «un ambiente de negocio más justo» para las pymes. Sin embargo, en el sector empresarial esta nueva propuesta genera división de opiniones. Por una parte, desde la patronal de la micro, pequeña y mediana empresa de Cataluña (Pimec) esta noticia se recibe muy positivamente. «Es una muy buena noticia que Europa legisle pensando primero en los pequeños», expresa Jordi Ciuraneta, presidente de Pimec Tarragona. Según datos del Anuario de la pyme catalana 2023 de la misma asociación, el periodo medio de cobro en las pymes de Tarragona es de 63 días. «Este plazo está totalmente fuera de la ley y, por eso, celebramos el paquete de medidas anunciadas por la Unión Europea, el cual incluye un régimen sancionador para las empresas y las administraciones públicas morosas,» dice Ciuraneta. Aparte, el presidente de Pimec Catalunya, Antoni Cañete, pidió en sede parlamentaria a la Generalitat que pague directamente a los subcontratistas en los contratos públicos a fin de que el Gobierno catalán «sea pionero en la aplicación de esta medida, ya que eso impactaría cerca de 3.000 millones de euros, que suponen el 50% de la contratación pública». Además, añadió que las sanciones son «imprescindibles» porque «será el único camino para acabar de manera definitiva con la morosidad».

Pero dentro del sector empresarial no todo el mundo confía en la capacidad que puede llegar a tener la nueva medida. Desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (Cepta), se considera que esta acción «no supone ninguna novedad y no modificará, en la práctica, el día a día de las empresas en el territorio», sobre todo por la «falta de control o de recursos para que la CE pueda sancionar por incumplimiento». El hecho de que sea un reglamento y no una directiva provocará que su aplicación sea inmediata en los estados miembros una vez se apruebe. El presidente de la institución, Antonio Belmonte, expone que «ya hace muchos años que se instauró el pago en 30, 60 o 90 días, es una normativa del Gobierno, pero nunca ha tenido éxito». Según explica Belmonte, los cobros y pagos se rigen por diferentes intereses y compromisos, y «muchas empresas pagan de acuerdo con unos determinados plazos según si les conviene el negocio o no».

También, Belmonte señala que «hay proveedores que cobran por temporada o hacen cuentas a finales o medios de mes, todo depende». De hecho, asegura que estas formas de funcionar se adecuan más a «momentos concretos o trabajos determinados, pero en el día a día no es viable». «Al final, unos pagan cuando pueden y de otros cuandoquieren», dice Belmonte. Asimismo, el presidente de la Ceptacreu que «este sistema no ayudará en las pequeñas empresas o las subcontratadas, ya que cuando hay demasiadas condiciones acostumbran a ser un obstáculo para conseguir un trabajo.» Sin embargo, Belmonte valora que «si el proveedor es exigente con los pagos que le corresponden, quizás no tendrá más opciones que adherirse a este sistema».

Aparte, Cañete alerta de que un 25% de las empresas catalanas tienen un endeudamiento de casi el 80% de su pasivo. «Eso quiere decir muchas empresas y puestos de trabajo en riesgo, sobre todo con la inflación actual». Sin embargo, el presidente de la agrupación confía en que con la nueva ley el resultado medio de las pymes mejoraría hasta un 15,8%.