La Astave celebra el retraso de la ley Euro 7: «No se adecua a la realidad»

La Asociación Empresarial de Talleres de Reparación y Vendedores de Automoción de Tarragona (Astave) celebra el retraso en la aplicación de la ley Euro 7, que regula las emisiones contaminantes de los vehículos en toda Europa. «Es una decisión adecuada porque los plazos que se proponían eran inasumibles», expresa Emili Bertran, secretario de Astave.

La Comisión Europea quería empezar a aplicar unos estándares que regularan los límites de emisión no sólo de las partículas del tubo de escape, sino también de los frenos y el índice de desgaste de los neumáticos en el año 2025. «La normativa no tenía en cuenta la realidad y la situación técnica de los fabricantes, no se pueden fijar estas condiciones en un plazo tan breve», expresa Bertran.

Ahora, el compromiso de los estados miembros es que la ley entre en vigor a finales del 2027 para los utilitarios y dos años más tarde para los vehículos pesados. Según el secretario, estos cambios legislativos «criminalizan» los vehículos de gasolina y gasóleo. «Cualquier vehículo, sea eléctrico o no, tiene un nivel de emisiones ridículo si se compara con hace unos años», dice Bertran.

Por eso, desde la patronal tarraconense confían en que este retraso en el cumplimiento de restricciones ayude a vender más vehículos de combustión líquida. «El usuario tiene que poder decidir qué motorización quiere o le es más adecuado», afirma Bertran. El secretario expone que el mensaje al cliente es claro: «En pleno 2023, todo vehículo homologado no tiene que tener ningún problema por su nivel de emisiones». Aunque España es el segundo productor de vehículos de Europa, su mercado automovilístico es de los más envejecidos.

La edad media del parque español se encuentra en los 13,5 años, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Bertran indica que es un «problema», pero también señala que muchos propietarios de vehículos de gasolina o diésel «no están pensando en sustituirlos» por «la obligación» de hacer la transición hacia los vehículos eléctricos. «El usuario tiene que poder comprar el vehículo que quiera o necesite con toda la tranquilidad del mundo», indica Bertran.

Más caros y fábricas cerradas

Además, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóvil estima que el nuevo reglamento supondría un incremento de precios. Por una parte, de 1.000 euros por coche fabricado, que acabaría repercutiendo, por otra parte, según estima la asociación, en el que a los clientes les costaría 2.000 euros más adquirir un nuevo vehículo. El aumento se debería a la inversión en ingeniería e investigación para conseguir motores térmicos más eficientes. Así, las patronales, y también los sindicatos como Comisiones Obreras, alertan de que la ley podría suponer «el cierre temporal de parte de las fábricas españolas». El acuerdo entre países se tendrá que abordar en la Eurocámara, una vez el Parlamento Europeo fije su plazo, en noviembre.