La Audiencia de Tarragona fija el juicio por el fraude en los exámenes de conducir para octubre de 2024

El juicio porel caso porel fraude de los exámenes del carnet de conducir en torno a las autoescuelas Roquetes-Templeya tiene finalmente fecha después de más de once años de investigación e instrucción. La sección segunda de la Audiencia de Tarragona ha fijado el día 28 de octubre de 2024 como día de inicio de la vista oral, según consta a la documentación la cual ha tenido acceso a la ACN. En el banquillo de los acusados se sentarán un total de catorce personas, por algunas de las cuales se llegan a pedir penas de 22 años de prisión. Se les atribuyen los supuestos delitos continuados de soborno, de falsedad documental, blanqueo de capitales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, grupo criminal así como doce delitos contra la Hacienda Pública.

La previsión de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona es que la vista oral se alargue durante prácticamente todo el mes de noviembre, con cuatro sesiones semanales a lo largo de cuatro semanas. Así, después de las cuestiones previas del día 28 de octubre, se fijan los días 4,5,6,7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2024.

Se cumplirán más de doce años desde que estallara el caso, en julio de 2012, a raíz de la operación policial que culminó con el arresto el cacheo de varios inmuebles y la detención de los propietarios de las autoescuelas Roquetes-Temple. Entonces también fueron arrestados, y figuran como encausados, familiares y un trabajador, así como examinadores de la Dirección General de Tráfico, responsables la editorial valenciana AEOL y los titulares de dos autoescuelas de Tarragona y Gandía.

El proceso se ha dilatado de forma considerable durante más de once años de investigación e instrucción. La acusación particular ejercida por la Federación de Autoescuelas de las Terres de l'Ebre ha presentado varios recursos de impulso procesal para acelerar un procedimiento que los tribunales consideran complejo. A pesar del embargo inicial de sus bienes, las autoescuelas han podido seguir funcionando con normalidad. Para hacer frente al juicio, el matrimonio propietario ha contratado recientemente al penalista barcelonés Cristóbal Martell para su defensa, de forma separada a sus familiares.

La acusación particular, la abogacía del Estado y Fiscalía presentaron sus escritos de acusación el año 2017. Piden para la pareja propietaria de las autoescuelas a penas de prisión que van entre los 8 años de la acusación particular y los 22 años de la abogacía del Estado. Fiscalía, que los pide trece años de prisión paracada uno, los acusa de todos los delitos mencionados a excepción del propio de los funcionarios públicos y los atribuye individualmente seis contra la Hacienda Pública a cada uno. También pide multas de cerca de nueve millones de euros en total. Dentro del núcleo dirigente de la trama sitúa también al hijo de ambos por quien solicita 11 años de prisión y una multa de más 1,3 millones porlos mismos delitos a excepción de lo contrario a la hacienda pública.

Blanqueo de capitales mediante la familia

De acuerdo con el ministerio público, los beneficios que consiguió el matrimonio como propietarios de la autoescuela «eran transmitidos a miembros del núcleo familiar»para blanquearlos y los atribuye, además, haber defraudado 2,4 millones de euros en la Agencia Tributaria. Así, también están acusados de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal la mujer de del hijo, la madre de la propietaria, así como la hija del matrimonio. Fiscalia pide paraellos nueve años de prisión y multas entre los 500.000 y más de 700.000 euros. En el trabajador de la autoescuela y responsable de los cursos teóricos, se le acusa de soborno y grupo criminal, porlos cuales le piden seis años de reclusión.

La autoescuela, según consta al escrito de acusación, organizaba cursos intensivos –también en fin de semana- para conseguir superar el examen de teórica de coche. Les clases iban dirigidas a la memorización de las mismas preguntas tipo testque después aparecerían a los exámenes de la DGT. Eso le suponía conseguir un elevado número de aprobados y aumentar de forma «desproporcionada»el número de alumnos, expandiendo el negocio con la aperturade nuevas sucursales a otros municipios.

Muchos de los nuevos clientes provenían de otras comunidades autónomas y mayoritariamente eran chinos, que no tenían ningún conocimiento de catalán, castellano ni ningún otro idioma europeo pero, a pesar de eso, aprobaban. También se habían dado casos de personas con disminución psíquica a las cuales se los había denegado previamente el certificado de aptitud que lo habían acabado obteniendo y aprobando.

Exámenes comprados a funcionarios

Los testoriginales de los exámenes de la DGT, según el relato acusatorio de Fiscalia, eran obtenidos a través de la editorial valenciana AEOL. Los administradores de esta empresa los conseguían, supuestamente, sobornando a los funcionarios de la DGT de Tarragona encargados de las pruebas que se efectuaban en Tortosa y les vendían en la autoescuela por3.000 euros cada hoja. Los responsables del centro de enseñanza los recortaban y camuflaban los contenidos para que los alumnos no se dieran cuenta de ello.

A partir de estos argumentos, Fiscalia pide para los dos administradores de AEOL cuatro años y medio de prisión y multa de 20 meses como acusados de presuntos delitos continuados de soborno. En el caso de los examinadores, al delito continuado de soborno se le añade el de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En total, la petición para|por ellos es también de cuatro años y media prisión, inhabilitación para trabajo o cargo público durante quince años. Según Fiscalia, ellos eran los responsables de custodiar, trasladar y seleccionar los exámenes que se hacían en Tortosa, donde también supervisaban la prueba.

Traslados masivos de aspirantes chinos

Uno de los examinadores también está acusado de soborno por el cual se le pide una pena de cuatro años. El propietario de una autoescuela de Tarragona, también encausado, le habría pagado para que el examinador intercambiara y manipulara exámenes para hacer aprobar a sus alumnos extranjeros. La autoescuela habría cobrado entre 1.000 y 1.500 euros por cada ciudadano chino que se presentaba al examen. El responsable de una autoescuela de Gandía y relacionado con AEOL tenía la función de enviar semanalmente a estos aspirantes para superar las pruebas teóricas. Según la fiscal, el volumen de gente que tenían que trasladar desde Valencia llegó a ser tan elevado, que tenían que faltar autobuses. Se le acusa de un delito continuado de soborno porel cual se le pide cuatro años y medio.