Viñuales negocia a contrarreloj para aprobar las ordenanzas el día 27

Mientras el Ayuntamiento de Tortosa anunció ayer su intención de subir un 18% el IBI, un 19% las actividades económicas (AIE) y un 28% la tasa de la basura, el gobierno de la ciudad de Tarragona trabaja a contrarreloj para ajustar su plan de choque económico y cerrar un pacto con la oposición que les permita sacarlo adelante. El del Baix Ebre es el segundo consistorio en mover ficha, ya que, a finales de septiembre, el del Vendrell también aprobó un incremento del IBI, que pasará del 1,14 al 1,16, y de la tasa del servicio de recogida de basura (30%). La situación económica de los ayuntamientos es delicada y todo hace pensar que Tortosa y el Vendrell no serán los únicos municipios donde se subirán impuestos.

En Tarragona, donde el alcalde afirmó que necesitan 14 millones de euros para evitar la quiebra, el gobierno está negociando con el resto de grupos municipales las medidas a adoptar para reducir el déficit previsto. El alcalde, Rubén Viñuales, propuso subir el IBI un 20% y el ICIO un 30%. ERC, PP, Vox y ECP han posicionado en contra, mientras que Junts ha anunciado que está dispuesto a incrementar el IBI hasta un 15%. Por su parte, el alcalde afirmaba que está dispuesto a negociar a la baja este incremento. El pleno ordinario del 20 de octubre apuntaba a ser la fecha límite para aprobar un posible incremento de los impuestos y tasas, pero fuentes internas del Ayuntamiento confirman que no se llegará. Para cumplir los plazos ordinarios, habría que tener listo el expediente de modificación de las ordenanzas fiscales los próximos días y la falta de acuerdo entre los partidos lo imposibilita.

De hecho, las negociaciones no se reanudarán hasta después del puente, cuando Viñuales haya acabado de estudiar todas las propuestas de la oposición. Así, el ejecutivo ha marcado en rojo el día 27 de octubre, que será la última bala para aprobar las nuevas medidas de contención. El alcalde tiene dos opciones: convocar un pleno por la vía extraordinaria o, en última instancia, puede forzar plazos y celebrar un pleno extraordinario y urgente aquel día. Será, pues, 4 días después de que el grupo municipal de Junts per Catalunya decida, en asamblea, si dan luz verde a un pacto con el gobierno socialista. Durante las últimas semanas, se ha constatado un acercamiento por parte del portavoz de Junts consistorio tarraconense, Jordi Sendra, hacia Rubén Viñuales, hecho que no ha gustado algunos militantes de la formación soberanista.

Propuestas y contrapropuestas

El alcalde propuso un primer paquete de medidas para evitar la quiebra, el martes pasado, a la oposición, las cuales fueron duramente criticadas. Los grupos municipales tildaron de «abusivas» las propuestas de subir el IBI un 20% y el ICIO un 30%, subir las tarifas de la zona de aparcamiento regulada o eliminar los abonos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El único que no se pronunció al respecto fue Jordi Sendra, que dos días después se reunió con Viñuales para transmitirle sus propuestas, tal como hicieron otros partidos de la oposición.

Aquel día, el alcalde puso sobre la mesa nuevas medidas, de entre las cuales, destaca la rebaja del 20% del sueldo de los concejales y los asesores. Pocas horas después de que Viñuales expusiera a PP y ECP esta propuesta, Junts anunciaba públicamente las ideas que hizo llegar al alcalde para solucionar la situación económica del Ayuntamiento. Curiosamente, también figuraba en la lista una rebaja del 20% del salario de los políticos y los asesores.

Tanto Vox como el PP se mostraron muy contundentes, rechazando cualquier tipo de subida impositiva. Hay que recordar que Viñuales cargó contra el Partido Popular, a los que acusaba de ser «profundamente insolidarios» por defender que no se tiene que subir la fiscalidad cuando «saben que no hay otra solución». Estas palabras no invitan a pensar en un posible pacto entre el PSC y el PP. También pinta complicado un acuerdo con En Comú Podem. Recientemente, el portavoz del grupo municipal, Jordi Collado, mostró su malestar porque aseguraba que Viñuales se ha apropiado de algunas ideas que le presentó ECP, como exigir que la Iglesia pague el IBI. Tanto los comunes como ERC se han manifestado en contra de la subida del 20% del IBI y han dejado aparcadas las negociaciones hasta que los socialistas presenten un proyecto claro con las medidas definitivas.

El tiempo juega en contra del gobierno, que está obligado a mover ficha, como han hecho en el Vendrell y Tortosa. La oposición, que tendrá la última palabra, también tendrá que dar un paso adelante para concretar las medidas necesarias para eliminar el déficit previsto. El acuerdo entre el gobierno socialista y Junts es el que más cercano está de producirse, pero todo dependerá de la asamblea de los soberanistas del 23 de octubre. Aunque Viñuales acabe contando con el apoyo de Sendra, todavía le faltarían dos votos para aprobar una modificación de las ordenanzas fiscales.