Un juzgado de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro por presiones a Hacienda

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en el 2006 el exministro del Partido Popular Cristóbal Montoro, utilizó sus «influencias» entre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para beneficiar a sus clientes. Rubén Rus Vela, titular del juzgado tarraconense, comanda la investigación, que cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil. La inspección arrancó después de que se descubrieran varios correos electrónicos de manera casual en otro procedimiento judicial abierto en el 2017. Todo a raíz de una denuncia que se habría presentado en marzo de aquel año.

Los miembros del despacho Equipo Económico ejercieron cargos «al más alto nivel» del gobierno español y autonómicos, y «crearon una red de influencias sobre altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda para la obtención de beneficios fiscales a favor de las mencionadas sociedades gasísticas, mediante modificaciones legislativas que comportaban la rebaja del impuesto eléctrico para estas empresas». Las indagaciones apuntan que las cantidades obtenidas «por estos servicios por su cuantía y vacío valor jurídico son las comisiones encubiertas para la consecución de las reformas legislativas pretendidas».

La fiscalía ya abrió una investigación sobre el caso en el 2017, pero se acabó archivando. Esta causa está relacionada con otra que archivó el juzgado de instrucción número 22 de Madrid en el año 2019. Este también apuntaba a la misma consultoría por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsificación de documento mercantil. Sobre el caso archivado, que arrancó a raíz de una querella presentada por Anticorrupción en relación con una adjudicación que le habría dado el Consejo Superior de la Cámara de Comercio, el exministro del PP explicó que cuando dejó la consultoría todavía no se había contratado ninguna administración.

Según fuentes consultadas porEl Independiente, la causa investigada ahora por el juzgado tarraconense es la misma sobre la cual la Fiscalía Anticorrupción hizo una junta el 26 de septiembre pasado para avalar el criterio de Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, para dirigir el organismo. Luzón, según las fuentes, se opuso a celebrar una serie de indagaciones que la fiscal del caso archivado en el 2019, Carmen García Cerdá, quería llevar a cabo.