Política
Según la CUP el PSC ha reconocido que Inipro podría formar parte de su modus operandi habitual
Los anticapitalistas afirman que el Ayuntamiento revela irregularidades administrativas en el decreto por la retirada del caso Inipro
La CUP de Tarragona, que hace poco ha recibido formalmente el escrito presentado por el Ayuntamiento de Tarragona comunicante su renuncia como a acusación particular en el caso de Inipro, ha presentado escrito delante de la Sala que lleva la causa para que efectúe «el correspondiente requerimiento en el Ayuntamiento de Tarragona a fin de que informe cuáles son las actuaciones administrativas no correctas de las cuales es conocedor el Ayuntamiento de Tarragona».
Laia Estrada y Eva Miguel así lo han explicado en una rueda de prensa este mediodía haciendo referencia al decreto del Ayuntamiento en el cual, según la formación independentista, se reconocen «posibles actuaciones administrativas no correctas efectuadas por algunos de sus responsables del Instituto Municipales de Servicios Sociales de Tarragona,(...)» y añaden que «(...) con respecto al reconocimiento de gastos en relación a los cuales no se ha seguido el procedimiento de contratación adecuado, no es una excepción, sino que se va repitiendo en el tiempo como consecuencia de la dificultad de los procedimientos de contratación y la necesidad de prestación de servicios».
Desde la CUP consideran que estas afirmaciones novedosas, en las cuales el Ayuntamiento de Tarragona manifestaría ser conocedor de los hechos que tienen que ser enjuiciados, «son un escándalo y que podríamos estar ante un modus operandi instaurado y que como mínimo se tendrían que investigar».
Finalmente Estraday Miguel han insistido en la gravedad de la retirada de la acusación por parte de Viñuales, quien cuando era portavoz de Ciutadans llegó a afimar, en relación al caso INIPRO, que «todos los indicios apuntan a una financiación irregular del PSC». Para los anticapitalistas el PSC estaría utilizando la institución municipal en beneficio del partido, ya que el Ayuntamiento ostentaba la condición de parte perjudicada y el PSC consta como acusado como persona jurídica en este procedimiento.