ECP exige al gobierno de Tarragona una moratoria para regular los pisos turísticos

Las negociaciones para las ordenanzas fiscales llegan a su recta final. Cada vez queda menos para el momento clave, el pleno extraordinario de mañana, y el gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona se apresura a cerrar un acuerdo que le permita aprobar las subidas de tributos que ha propuesto. El grupo de En Comú Podem es uno de los aliados potenciales para los socialistas, pero si quieren contar con el apoyo de los comunes, tendrán que dar el brazo a torcer y ceder a sus exigencias, como iniciar la moratoria de los pisos turísticos o constituir una empresa energética municipal.

De hecho, durante los últimos días, el gobierno ya ha ido aceptando algunas de las peticiones que ha hecho ECP en las reuniones mantenidas. El portavoz del grupo, Jordi Collado, valoraba ayer «positivamente» los últimos movimientos del gobierno, como sugerir la creación una tarifa social de la tasa de la basura, mantener las tarifas de la EMT o aparcar el incremento de los precios de la zona de aparcamiento regulado, así como la creación de nuevas plazas de zona azul. Por otra parte, celebraba que el gobierno «quería eliminar la carga en los pisos vacíos», pero, finalmente, «se ha aumentado del 50% al 150%».

La última exigencia de ECP que ha sido aceptada por los socialistas es regular la tasa de terrazas. Aunque el gobierno ha dado pasos adelante para acercar posturas, Collado aseguraba que «no hay ningún acuerdo». Y es que el consejero ha pedido al alcalde, Rubén Viñuales, que cumpla el resto de condiciones. Una de las prioridades de En Comú Podem es que se inicie una moratoria de licencias de pisos turísticos para frenar su proliferación en la ciudad. Por otra parte, han pedido la creación de una comisión de estudio para la subida del IBI al máximo legal al 10% de inmuebles con más valor catastral, como los centros comerciales, la transformación de la Empresa Municipal de Desarrollo Económico en una empresa energética pública y el impulso de una nueva línea de bus para ir al Complex Educatiu desde Ponent.

Collado también destacó la «rebaja significativa» de la propuesta de subida del IBI, pero no tenía claro si era «suficiente». Además, el edil apuntaba que una de las condiciones para que dé luz verde al incremento de este impuesto es que se recupere la subvención para familias vulnerables, con ingresos inferiores a 27.000 euros, que supondría una ayuda de unos 200 euros. «Las peticiones van en la línea de lo que defendíamos en nuestro programa electoral», aseguraba el edil, quien añadía que «sólo la nueva línea de autobús y las ayudas a las familias tienen efectos presupuestarios, el resto de las demandas creemos que son asumibles».

Junts completaría la ecuación

Los nueve votos a favor de los socialistas más los dos posibles de ECP, todavía no serían suficientes para aprobar las ordenanzas fiscales. Con el más que presumible «no» de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya apunta a ser el que complete la ecuación. Aunque los soberanistas quieren forzar las negociaciones hasta última hora antes de definir su voto, lo cierto es que, hace pocos días, el portavoz, Jordi Sendra, celebraba que las negociaciones han dado sus frutos y que han avanzado mucho con respecto a las «propuestas desorbitadas» del inicio. Junts, así como ECP, valora positivamente que el gobierno haya hecho caso a sus peticiones, pero quieren agotar sus opciones antes de determinar su posición con respecto a las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Ahora, la pelota está sobre la mesa del gobierno, que tendrá que decidir cuánto está dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo.