El Ayuntamiento de Tarragona aprueba la subida del 7,4% del IBI y del 12% de la tasa de la basura

A partir del 2024, los tarraconenses pagarán un 7,4% más del IBI y un 12% más de la tasa de la basura. Estas son algunas de las subidas de tributos que se aprobaron ayer, en un pleno extraordinario donde el gobierno sacó adelante su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales, gracias al apoyo de Junts per Catalunya y En Comú Podem.

Tal como adelantaba Diari Més, los socialistas consiguieron un acuerdo de última hora con los dos grupos de la oposición después de haber cedido a gran parte de sus peticiones, como la de los comunes de iniciar una moratoria de los pisos turísticos. Aparte de los incrementos del IBI y la tasa de la basura, también se consumó la subida de la tasa de ocupación de las terrazas (20%), del Impuesto sobre Construcciones (33%) y del recargo en los pisos vacíos (150%), así como la eliminación de la bonificación para la instalación de placas solares.

Casi todas las propuestas se aprobaron con los votos a favor del PSC, ECP y Junts y el «no» de Esquerra, el PP y Vox. En el punto de la tasa de la basura, sin embargo, los republicanos se abstuvieron. «Entendemos que tiene que ser así porque, si no, el año que viene habría una subida del 80%», apuntaba el consejero de ERC, Jordi Fortuny. Y es que la subida del 12% responde a la obligación legal de llegar a cubrir, en el 2025, el 100% del servicio de recogida y tratamiento de residuos con lo que se recaude con la tasa. La consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, aseguraba que este aumento le supondrá al ciudadano «entre uno y dos euros más al mes».

El incremento de la tasa de la basura viene acompañada de la creación de una tarifa social de 50 euros, que era una de las exigencias de ECP, y que beneficiará a «entre 600 y 1.000 familias». El portavoz de los comunes, Jordi Collado, además, celebraba que se ha convocado una «comisión de la estructura de la basura», ya que hay que revisar la tasa «de cabo a rabo». Por su parte, PP y Vox votaron en contra de esta medida, así del resto de subidas de tributos que se llevaron ayer a pleno. El portavoz de Vox, Javier Gómez, criticaba el PSC, ECP y Junts por aprobar propuestas que son «antisociales» y «atentan contra las familias y los autónomos».

Gómez, de la misma manera que la líder del grupo municipal del Partido Popular, Maria Mercè Martorell, alegaba que «no se puede cargar todo en los hombros del ciudadano». «Desde el primer momento dijimos que estábamos en contra de estas subidas», afirmaba la consejera popular, quien afirmaba que «hay otros modelos de gestión que no suponen ahogar a los tarraconenses». Así, tanto Vox como PP se opusieron totalmente a un incremento del IBI, que «se bajó del 20% al 7,4% con voluntad negociadora», según el gobierno. De hecho, esta rebaja sirvió para acercar posiciones con la oposición.

El portavoz de ECP, Jordi Collado, cree que es «un porcentaje razonable porque acumula el IPC del año pasado y el de este» y remarcaba la necesidad de hacer esta subida de impuestos para «mantener los servicios básicos y esenciales». Además, apuntaba que, para compensar la subida, han acordado con el gobierno la «recuperación» de la subvención para gastos del hogar, destinados a familias con dificultades económicas.

Por su parte, el consejero de Junts, Jordi Sendra, aseguraba que «no somos partidarios de subir impuestos, pero entendemos la situación delicada de las arcas municipales». «Damos un voto de confianza al gobierno, pero fiscalizaremos exhaustivamente los recursos que se generen y el cumplimiento de las peticiones que hemos hecho», añadía. El consejero republicano, Xavier Puig, cargaba ayer contra ECP y Junts por haber aceptado la propuesta del gobierno a cambio de un «acuerdo barato o un cheque en blanco», palabras que fueron rebatidas por Collado y Sendra.

Controversia por las tasas

El aumento del ICIO provocó mucha controversia. ERC, Vox y PP criticaban que esta medida perjudica directamente al ciudadano porque penaliza la rehabilitación y el acceso a la vivienda. En cambio, el gobierno defendía que este impuesto grava a las «grandes empresas constructoras». También hubo quejas por el incremento de la tasa de ocupación de las terrazas, una exigencia de los comunes a los socialistas. «Es una tasa obsoleta, que no se ha tocado desde 1999», decían desde ECP. ERC y PP afirmaban que perjudicará a «los pequeños comercios» y los republicanos remarcaban la importancia de solucionar el hecho de que sólo lo paga un 50% de los restauradores con terrazas. El gobierno afirmaba que ya «se está trabajando en la parte de inspección y sancionadora».

El alcalde, Rubén Viñuales, hizo una última intervención para agradecer a Junts y ECP la «responsabilidad» de votar a favor de las ordenanzas fiscales, así como la «predisposición» de ERC para negociar. Les conversaciones entre gobierno y oposición no cesarán porque todavía se tienen que cerrar los presupuestos del 2024. El gobierno prevé obtener unos 6,8 millones de euros con las nuevas ordenanzas fiscales. Ahora, tocará decidir de dónde sacar lo que falta para llegar a los 14 millones que necesita el Ayuntamiento para cuadrar las cuentas.