El Gobierno regula las viviendas turísticas y se avanza a la moratoria de Tarragona

El Gobierno de la Generalitat ha aprobado un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico en un total de 262 municips de toda Cataluña, de los cuales 23 están en el Camp de Tarragona, donde hay problemas de acceso a una vivienda permanente o ya tienen más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes. Los ayuntamientos de estos lugares tendrán que adaptar su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto ley para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. Eso sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con bastante suelo para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, se podrán otorgar como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes.

En estos municipios, desde que entre en vigor el Decreto, no se podrán otorgar licencias de apertura de viviendas de uso turísticas hasta que no se hagan las modificaciones oportunas en el planeamiento urbanístico. De esta manera, la Generalitat se adelanta al Ayuntamiento de Tarragona, que en las últimas semanas ha estado elaborando los informes necesarios para aplicar una moratoria de un año. La idea del consistorio era redactar y aprobar la futura ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico durante este periodo de suspensión de concesiones de nuevas licencias.

El consejero de Territorio del Ayuntamiento tarraconense, Nacho Garcia, apuntaba ayer que «el Decreto nos suena bien porque va en la línea de lo que estamos trabajando desde hace meses». De todos modos, el ejecutivo continuará con la tramitación que había iniciado para definir la regulación de los pisos turísticos en la ciudad. El edil apuntaba que el proceso para la aplicación de una moratoria y la elaboración de un plan especial de usos continúa en pie «porque el Decreto todavía tiene que tener su trámite parlamentario y, si ocurriera alguna circunstancia no deseada, tendríamos todo nuestro trabajo preparado para hacer la regularización».

En otros municipios del territorio, no ven con buenos ojos la decisión del Gobierno. Según fuentes del gobierno del Ayuntamiento de Cambrils, el Decreto ley aprobado por la Generalitat «no avanza en la gestión y control de las viviendas turísticas, porque las nuevas licencias tendrán una duración de cinco años renovables». Además, el consistorio cambrilense afirma que las viviendas de uso turístico no son un problema en el municipio, «donde se defiende el modelo turístico slow, es decir, de tranquilidad, y no se propician las aglomeraciones ni las construcciones de mucha altura».

Licencia urbanística municipal

Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en los 23 municipios del Camp de Tarragona donde está previsto aplicar la nueva regulación tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años renovables. Con respecto a los pisos turísticos existentes y debidamente habilitados en estos lugares, sus titulares dispondrán de un margen de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad. Estará la posibilidad de pedir una prórroga de otros cinco años si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales. Se calcula que esta nueva obligación afectará a 20.675 pisos existentes en el Camp de Tarragona.

La Generalitat argumenta que la aparición del fenómeno de las viviendas de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente. Afirman que esta tendencia dificulta todavía más el acceso de las personas y familias a un hogar habitual. Por eso, el Gobierno ha adoptado medidas urgentes, mediante Decreto ley, para evitar que se incrementen los cambios de usos en pisos turísticos específicamente en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas habitualmente y también donde la excesiva concentración de pisos turísticos comporta problemas de convivencia y gentrificación.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos (ATT), Joan Calvet, no entiende que se les quiera hacer «culpables» de la falta de vivienda y del incremento del precio del alquiler. En este sentido, asegura que, según un estudio de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), «el precio del alquiler sube igual donde hay pisos turísticos y donde no hay». Por otra parte, critica que el Gobierno «no ha mostrado voluntad de escuchar al sector, cuando siempre hemos estado dispuestos a hablar, y nos hemos encontrado el Decreto hecho».

Por otra parte, Calvet apunta que los principales afectados serán los pequeños empresarios, que conforman la mayor parte del sector. Sobre todo, remarca las consecuencias «negativas» que tendrá en los municipios más importantes de la demarcación con respecto a licencias de pisos turísticos como es el caso de Salou. «Actualmente hay 6.600 viviendas de uso turístico. Teniendo en cuenta que la población es de unas 30.000 personas, si sólo se pueden otorgar como máximo 10 licencias por cada 100 habitantes, más de la mitad tendrán que cerrar, explica. El alcalde de la capital de la capital de la Costa Daurada, Pere Granados, también se ha pronunciado sobre la nueva regulación y asegura que «ceder esta responsabilidad a los municipios puede generar una desigualdad según el municipio donde residas o tengas tu propiedad como apartamento».