Los apartamentos turísticos de la demarcación de Tarragona consideran «irresponsable» la nueva regulación

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre (AAT) ha tildado «de irresponsable» la nueva regulación de licencias de pisos turísticos, aprobada por el Consejo Ejecutivo del Gobierno este martes. El presidente de la AAT, Joan Calvet, ha criticado que la medida se haya cogido de una forma «precipitada» y «contraria a derecho». Desde la entidad han exigido que se haga un diagnóstico esmerado de la realidad del sector antes de poner en marcha una ley que consideran es una «expropiación encubierta». Unas afirmaciones que ha compartido el alcalde de Salou, Pere Granados, quien ha asegurado que el decreto se acabará impugnando jurídicamente, ya que considera que muchos propietarios recurrirán la normativa.

La AAT, que representa 25.000 plazas de toda la demarcación, ha afirmado que si se acaba aprobando, «la Generalitat tendrá que afrontar las reclamaciones de indemnización que podrían exigir hasta 20.000 familias tarraconenses propietarias de pisos turísticos». Un gasto que, según Calvet, equivale a «centenares de millones de euros». Calvet ha afirmado que la ley también tendría un impacto «muy negativo» en los sectores del comercio y de la restauración, sobre todo, en aquellos municipios donde el turismo es la actividad económica predominante como son Salou, Cambrils, Calafell o Torredembarra.

«Una vez más, el criterio es el de la población y no el número de turistas que nos visitan», ha denunciado Granados, quien ha detallado que «por Salou pasan más de dos millones de visitantes». Según el alcalde, la nueva ley «atacaría el principio de igualdad», ya que, según calculan, el municipio tendría que reducir a la mitad la oferta actual. «Una vez más, no se han asumido las responsabilidades desde el Gobierno y se ha trasladado a los municipios grandes y pequeños una situación compleja», ha criticado Granados, quien ha lamentado que no se haya consultado, previamente, a los municipios turísticos. El alcalde de Salou también ha defendido que «se estudie con profundidad el nuevo decreto», ya que «se están anulando unos derechos» que ya se habían otorgado a los propietarios. «Esto será causa de impugnación», ha afirmado Granados, quien se pregunta «a quién le tocará pagar las indemnizaciones».

Sin solucionar el problema de la vivienda

Desde la AAT, han afirmado que aunque la «Generalitat quiere hacer ver a la opinión pública que están tomando medidas para resolver el creciente problema del acceso a la vivienda en Cataluña, de ninguna manera lo solucionarán prohibiendo la actividad del sector». Además, han defendido que «las viviendas de uso turístico representan un porcentaje muy reducido respecto del total del parque de viviendas catalán». Calvet también ha recordado que en el caso de Barcelona las licencias para nuevos pisos turísticos están congeladas desde 2014, «siendo un claro ejemplo, que esta actividad no es la causante de los incrementos de precios en la vivienda».