Rosa Peral declara en Tarragona que cambió de nombre la casa porque no podía pagar la hipoteca

La condenada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, ha justificado ante la jueza el cambio de nombre de su parte de la casa de Vilanova i la Geltrú porque ha dicho que no podía pagar la hipoteca, según han explicado a ACN fuentes próximas al caso. Peral ha reconocido que lo hizo antes de que la sentencia del crimen fuera firme.

Este miércoles ha declarado como investigada por un delito de alzamiento de bienes, ya que la familia de la víctima cree que puso la casa a nombre de su padre para eludir la indemnización. Es el chalet donde se cometió el crimen, una propiedad a medias entre Peral y su exmarido. También ha sido citado como investigado su padre, Francisco Peral. Los dos sólo han contestado las preguntas de su abogada.

Con la demanda por alzamiento de bienes, la familia del agente Pedro Rodríguez aspira a obtener unos 50.000 euros, que es aproximadamente la mitad del valor de la parte del inmueble que tenía Peral. La otro mitad de su parte está hipotecada.

La instructora del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, Sonia Zapater, no ha permitido la entrada de los periodistas en el Palacio de Justicia y ha pedido a los abogados de las partes que no hicieran declaraciones sobre el contenido de la vista con el fin de evitar filtraciones. También ha celebrado las declaraciones en una sala de uso poco habitual y en las que la jueza se ha asegurado de que no había ningún sistema de grabación.

Peral cobra el sueldo de funcionaria mientras se encontraba en prisión

Según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por ACN, cuando un funcionario es investigado, detenido o encarcelado preventivamente se le puede suspender cautelarmente de sueldo y trabajo durante un tiempo. Pero las medidas cautelares no son indefinidas, y entonces pasa a cobrar el sueldo base de funcionario, sin complementos de destino, escala o antigüedad, entre otras. Sin embargo, cuando la sentencia es firme e incluye la inhabilitación, es expulsado del funcionariado y deja de percibir cualquier salario público. En el caso de Rosa Peral habría también cobrado el sueldo básico hasta que el Supremo ratificó la sentencia.