Una sentencia anula tres sanciones que impuso el Ayuntamiento de Tarragona a la empresa de la basura en el año 2019

El Ayuntamiento de Tarragona impuso, en el año 2019, tres sanciones por un importe total de 145.747,15 euros a FCC Medio Ambiente, actual gestora del servicio de limpieza, por incumplimiento del contrato. La empresa de la basura, después de que el consistorio desestimara sus alegaciones, presentó un recurso contencioso administrativo, que ha acabado dando la razón a FCC y ha dejado sin efecto las multas. Según la sentencia, la jueza considera que existía un «interés personal» por parte de la técnica que propuso las penas, quien «mancaba de la objetividad exigible».

El 21 de marzo del 2019, el Ayuntamiento redactó un informe en el que se hacía constar que la empresa había cometido dos incumplimientos «muy graves» por «no facilitar la información establecida en el pliego de condiciones técnicas» y por «la no realización de una buena gestión de los servicios», y otro incumplimiento «grave» por la «no realización de un servicio sin notificarlo».

Fue la técnica de gestión de residuos del Ayuntamiento Lídia Bartra la encargada de elaborar un documento que, según el juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona, fue «relevante e influyente en la adopción de la resolución penalizadora». La magistrada manifiesta que había «carencia de imparcialidad y neutralidad» por parte de Bartra, quien considera que concurría causa legal de abstención por «haber prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia».

La actual jefa de gestión de Servicios Públicos del consistorio y encargada del nuevo contrato de la limpieza, formó parte de la plantilla de FCC desde el 1 de enero del 2013 hasta el 18 de abril del 2018, fecha en la que fue objeto de despido disciplinario. Bartra interpuso una demanda contra la empresa y el Ayuntamiento por despido improcedente. Por este motivo, la jueza sostiene que existe «una clara situación de conflicto de intereses». La magistrada expresa que, en el informe, la técnica «se posiciona, introduciendo un juicio de valor».

En este sentido, apunta que hay un pronto posicionamiento por su parte y propone la imposición de las penas «sin un requerimiento previo» a FCC para la enmienda de los incumplimientos de contrato que se querían sancionar. Además, el jurado expone, que, antes de que Bartra ostentara el cargo de técnica de residuos y limpieza en el Ayuntamiento, no se había iniciado ningún expediente para penalizar la empresa.

Frentes abiertos

El Ayuntamiento discrepa «profundamente» de la interpretación de la normativa que hace el juzgado y actuará para que «las consecuencias al incumplimiento de FCC sean efectivas». En este sentido, el consistorio pondrá en marcha de nuevo el procedimiento sancionador con el objetivo de «resolver este defecto de forma a fin de que se acabe analizando el fondo de la cuestión, que es la mala práctica en la gestión de los residuos».

Desde el ente municipal, recuerdan que la empresa tiene otros expedientes abiertos, como es la sanción de 60.000 euros por llevar residuos no adecuados a la incineradora en el 2019 o la multa de 250.000 euros por recoger los envases de los contenedores del Serrallo con el camión de la fracción de restos, que se resolverán en los próximos meses.