La Generalitat frena la instalación de cámaras de vigilancia en la Part Alta de Tarragona

Han pasado nueve meses desde que el Ayuntamiento de Tarragona adjudicó el contrato para la instalación de 28 cámaras de videovigilancia en la Part Alta y todavía no se ha colocado ninguna. El motivo es que la Generalitat de Catalunya, mediante la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Tarragona, ha frenado esta intervención y ha requerido al consistorio el cambio de las cámaras previstas en el pliego de condiciones técnicas por unas que sean más pequeñas.

Hay que tener en cuenta que la Part Alta está protegida a nivel patrimonial por el gran número de edificios históricos que hay en el barrio. Por este motivo, el Ayuntamiento necesitaba una autorización por parte de la Generalitat para llevar a cabo la actuación. El pasado 25 de octubre, después de elaborar un estudio, la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural suspendió la tramitación de la intervención porque consideraba que las cámaras eran demasiado grandes, hecho que podría contaminar visualmente el patrimonio histórico del barrio, generando un impacto negativo.

Pocas semanas después, el Ayuntamiento recibió la notificación por parte del Gobierno catalán con sus requerimientos. Desde entonces, el consistorio, desde el departamento de TIC, ha estado negociando con la empresa que ganó la licitación en mayo -Alphanet Security Sistems SL- por si podían asumir este cambio de la medida de las cámaras. Esta semana, la adjudicataria ha declinado la propuesta porque representa un sobrecoste para ellos, ya que los nuevos dispositivos, de inferior tamaño, salen más caras.

El Ayuntamiento, que hará las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento a lo que exige la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural, tiene que empezar de nuevo el proceso para adjudicar el proyecto. «Iniciaremos inmediatamente la nueva licitación con las variaciones técnicas que pide la Generalitat», apuntan desde el gobierno municipal. Eso sí, primero tendrá que encontrar el dinero para ampliar el presupuesto de licitación.

El contrato para la instalación de las 28 cámaras de videovigilancia en la Part Alta constaba de dos lotes. El primero contemplaba el suministro y la implantación de los dispositivos de vigilancia, mientras que el segundo preveía la implementación de un sistema de gestión, grabación y analítica de vídeo. En la primera licitación, el presupuesto ascendía hasta los 120.000 euros, aproximadamente.

Esta actuación, que tardará todavía unos meses en llegar después de este inesperado obstáculo, mejorará la seguridad en la Part Alta generando un efecto disuasivo que ayudará a reducir los delitos y actos vandálicos. Al mismo tiempo, facilitará las posibles investigaciones a la hora de determinar la autoría de las infracciones.