El Ayuntamiento de Tarragona impulsa un protocolo para resolver las ocupaciones a grandes tenedores

El Ayuntamiento de Tarragona ha impulsado un nuevo protocolo para resolver las ocupaciones delincuenciales en inmuebles de grandes tenedores. De esta forma, la Guardia Urbana ya cuenta con un procedimiento que indica las medidas a tomar para afrontar estas situaciones. El nuevo sistema reside de la aprobación en el Parlament de Catalunya de la modificación de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda en febrero del año pasado.

«La modificación de la ley dota de herramientas al Ayuntamiento para que pueda recuperar inmuebles, si no lo hacen los propietarios», explica José Guijarro, subinspector de la Guardia Urbana de Tarragona. La ley y, consecuentemente, el procedimiento, tienen unas «circunstancias marcadas»: que el piso sea de un gran tenedor, que los ocupantes no tengan título habilitante, que el propietario no haya iniciado acciones legales por el desahucio y que los ocupantes alteren la convivencia y el orden público o que se ponga en peligro la seguridad del inmueble.

«Se intenta evitar la despreocupación de los propietarios que no denuncian ni notifican la usurpación y acaban generando inseguridad», indica Guijarro. «Si los ocupantes viven cívicamente y están integrados, a nosotros no nos llega constancia de los hechos», añade Guijarro. Cuando se dan las circunstancias mencionadas, el cuerpo de seguridad activa la intervención de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos, así como del Servicio de Mediación del Instituto Municipal de Servicios Sociales.

De esta forma se elabora un informe que se acaba derivando en la Asesoría Jurídica del consistorio. «A partir de aquí, se da un plazo de un mes al titular para que ejerza la acción de desahucio correspondiente. Si no se hace, el Ayuntamiento inicia los trámites de desocupación en los juzgados», expone Guijarro.

En este sentido, el consistorio tiene derecho al reembolso íntegro de los costes derivados del procedimiento. «Después ya depende de la agilidad de la justicia para activar los procedimientos», dice el subinspector. Hay que destacar que la ley también contempla que los ayuntamientos puedan adquirir temporalmente el uso del piso durante un plazo máximo de siete años, destinando el inmueble a alquiler social.

El 96% de las ocupaciones se hacen en casas vacías, que en gran parte son propiedad de bancos o fondos buitre, según datos del Departamento de Interior. «Cuando el piso ocupado es de un particular y no de un gran tenedor, es más rápido y probable que se denuncie, aunque no vivan allí o lo tengan alquilado», argumenta Guijarro.

Dos casos resueltos en el último año

En los últimos meses, el ejecutivo de Viñuales ha ultimado el procedimiento de la Guardia Urbana. «La ley es escasa y no indica ningún protocolo para hacer las actuaciones. El consistorio ha establecido un protocolo accesible y comprensible», sentencia el subinspector. En el último año, el cuerpo policial ha resuelto dos ocupaciones en la ciudad de forma «positiva».

En el primer caso, los ocupantes acabaron dejando el inmueble. En el otro, se pudo contactar con el propietario, un gran tenedor, que denunció los hechos. «Hemos solucionado los casos como hemos podido, sin un protocolo claro todavía», remarca Guijarro. Con el nuevo método, la Guardia Urbana afrontará con más herramientas la inactividad de los propietarios y evitará «tener que ir detrás» de los grandes tenedores.