Juzgan a los miembros de una organización por obligar a prostituirse mujeres extranjeras en Tarragona y Tortosa

La Audiencia de Tarragona empezará a juzgar este jueves a 20 personas de una supuesta organización que explotaba y obligaba a prostituirse a 26 mujeres extranjeras. Las víctimas trabajaban y vivían en condiciones «extremadamente duras» en los ocho prostíbulos del grupo, situados en Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú y Sabadell. Los hechos se remontan entre los años 2008 y 2010.

Fiscalia los acusa de 41 delitos de prostitución, de uno de asociación ilícita, de otro contra los derechos de los trabajadores, de un delito continuado de blanqueo de capitales y de dos más de falsificación de documento oficial. Para los máximos responsables les pide 15 años de prisión mientras que para el resto de integrantes las peticiones son de 13, 11, 9 y 6 años.

Los 20 acusados formaban parte de una organización estructurada en forma piramidal y «fuertemente jerarquizada», según señala el ministerio público en el escrito de acusación al que ha tenido acceso ACN. El objetivo del grupo era enriquecerse mediante la explotación de mujeres extranjeras, mayores de edad, que obligaban a ejercer la prostitución.

La actividad se llevaba a cabo en ocho prostíbulos, tres de ellos en Tarragona, dos en Barcelona, uno en Tortosa y los otros dos en Sabadell y Vilanova i la Geltrú. Además, miembros de la trama trasladaban a las víctimas a los diversos prostíbulos que regentaban para dar la «sensación de novedad». Según el fiscal, las mujeres tenían que estar las 24 horas del día disponibles, los siete días de la semana. También explica que las multaban si no cumplían con el «régimen interno del club».

A modo de ejemplo, las sancionaban si se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes, si no estaban siempre disponibles o si no cumplían con los 21 días estipulados para el reembolso de la fianza que tenían que abonar para poder trabajar en sus locales. «No podían salir del piso durante estos primeros 21 días, y disponían sólo de una hora diaria para salir a la calle; en el caso de tener una emergencia no se les permitía salir, tampoco después de las siete de la tarde», indica el escrito.

Además, las chicas tenían que entregar «inmediatamente» el dinero que ganaba a las llamadas «mamis» o encargadas de cada prostíbulo, las cuales al final de la jornada les daban el porcentaje que les correspondía por los servicios sexuales hechos. Las encargadas anotaban en libretas tanto los servicios como las ganancias, un sistema que se utilizaba en todos los prostíbulos. Según el fiscal, las condiciones laborales se fijaban cuando las víctimas aceptaban la «plaza», las cuales se encontraban en una situación de «necesidad» y «precariedad» porque no disponían de permiso de residencia en España.

«Condiciones extremadamente duras»

Según el escrito acusatorio, las condiciones impuestas por la organización eran «extremadamente duras», sin horarios y por el hecho de que las mujeres se tenían que comprar la comida. Asimismo, si se negaban a mantener relaciones sexuales con los clientes porque tenían la menstruación, las multaban y le descontaban el dinero obtenido por prostituirse hasta aquel momento.

No disponían de horarios para comer, si los servicios lo impedían no comían; en caso de que el servicio fuera en una hora nocturna avanzada, las despertaban con gritos e insultos como 'venga putas a trabajar' o 'hijas de putas, asquerosas, aquí no se viene a ocupar camas», relata el fiscal.

El ministerio público en su escrito también manifiesta que las mujeres estaban «atemorizadas», ya que habían oído que los miembros de la organización «se habían cargado a unas cuantas personas». Por lo cual, las víctimas aceptaban las condiciones impuestas ante el temor de posibles represalias y de ser multadas por cualquier tipo de incumplimiento del régimen laboral.

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