Tarragona participa en la 1.ª cumbre de ciudades con puerto en Valencia para reclamar un nuevo modelo portuario

Este fin de semana se reúnen en Valencia colectivos de ciudades con puerto de todo el Estado preguntándose «si son ciudades con puerto o puertos con ciudades».

En el contexto de la capitalidad verde europea de la ciudad de Valencia, la Comisión Ciudad-Puerto, que trata de impedir la ampliación norte del puerto de Valencia desde hace años, ha organizado la primera cumbre de colectivos homólogos en la cual participan 18 ciudades con puerto, entre ellas Tarragona.

Los colectivos afirman que los territorios que acogen infraestructuras portuarias, ya desde los años 80 y 90, «desconectaron sus economías de la actividad portuaria, pero no desconectaron las consecuencias ambientales y sociales de los puertos».

Por lo tanto, aseguran que la economía regional e incluso estatal «ya no se sirve del transporte marítimo para su beneficio», ya que las multinacionales «se han convertido en nos propios que funcionan de manera extractiva: extraen riqueza pública y privada y recursos naturales, para incorporarlos a su maquinaria global y acabar tributando en paraísos fiscales».

En este contexto, consideran que los territorios «pueden hacer mucho más para proteger los intereses de la ciudadanía, y el Estado español», y reclaman «recuperar el uso portuario para el interés general, desde el lugar donde la logística toca tierra y lo arrasa todo de manera insaciable».

Desde la primera cumbre de ciudades con puerto se señalan, ya como parte de lo que será una declaración conjunta, una serie de medidas para «iniciar el camino capaz de liberar los puertos del 'secuestro' de las multinacionales» y de «sacar la gestión portuaria de su sarcófago espacio-temporal, para así aterrizarla a la realidad actual».

Algunas de estas medidas son la revisión de los límites y zonas de usos portuarios en límites con zonas protegidas, incluyendo las de Xarxa Natura2000, para establecer zonas de amortiguación funcionales y realistas, y el decrecimiento crucerístico, al menos hasta «alcanzar niveles reales de capacidad de carga turística de las ciudades y territorios» entre otros.

Los colectivos también exigen una revisión total de la Ley de Puertos del Estado, para incluir mecanismos de garantías ante riesgos para la seguridad y el medio ambiente de las actividades portuarias y para implementar la «democratización real».

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