Viñuales, tajante: «Presentaremos alegaciones al documento de Altafulla para defender nuestro término»

El Ayuntamiento de Tarragona presentará alegaciones al expediente del consistorio de Altafulla con relación a la alteración del término municipal. Desde la Plaza de la Font, los servicios jurídicos hace semanas que trabajan en el contenido del documento final que se presentará en contra de la absorción de 70 Ha en el área del Pla de Vinyet por parte de Altafulla.

El mismo alcalde, Rubén Viñuales, se reafirmó ayer en la voluntad ya expresada de presentar alegaciones contra el expediente que promueve el consistorio del Baix Gaià y ha desmentido cualquier información que apuntara en el sentido contrario, tal como este diario publicó en la edición de ayer a partir de fuentes del mismo consistorio.

Voluntad de defensa

Así pues, el alcalde se ha mostrado contundente en la firme voluntad de defender el término municipal de Tarragona enfrente de la voluntad de Altafulla de anexionarse una parte limítrofe del mismo. De esta forma, el Ayuntamiento de Tarragona presentará, mañana miércoles, en público las alegaciones pertinentes y, entonces, la pelota quedará sobre el tejado del consistorio de Altafulla, el cual una vez acabado el plazo de exposición, tendrá que dar respuesta al documento tarraconense y resolver si quiere proseguir con la cuestión o desestimarla.

Conflicto de servicios

Desde el pasado febrero, la primera vez que Altafulla mostró la voluntad de incorporar la zona del Pla de Vinyet a su término municipal, el gobierno de Tarragona se ha mantenido en una postura contraria y ha defendido mantener la distribución urbanística actual. Jordi Molinera, coalcalde de Altafulla, expone que es su municipio quien presta servicios policiales, de agua o de basura en una zona que no corresponde al consistorio del Baix Gaià. En cambio, desde Tarragona tienen claro que es una maniobra puramente política y prefieren no «entrar en el juego» y limitarse a defender jurídicamente el estatus quo actual.

En manos de una comisión

Si Altafulla prosigue con el procedimiento para alterar el término municipal, el expediente final acabará en manos de la Generalitat. Concretamente, en la Comisión de Delimitación Territorial. Este organismo está formado por ocho representantes de la Administración de la Generalitat, ocho de entidades locales, tres de las universidades catalanas, uno del Colegio de Geógrafos y uno del Instituto de Estudios Catalanes. El órgano será el que tendrá la última palabra.

Caso de La Canonja

Esta comisión técnica ya trató años atrás la segregación del municipio de La Canonja de Tarragona. En aquella ocasión, la negativa de la comisión, por motivos jurídicos, obligó al Gobierno a cambiar la legislación vigente para permitir el cambio.

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