El Ajuntament estudia si adjudica el contrato de la basura a la segunda clasificada o rehace la licitación

Tarragona empezaba a entrever la luz al final del túnel con la adjudicación del contrato de la limpieza en la empresa GBI Paprec. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Púbico (TCCSP) ha estimado las alegaciones de Urbaser —la segunda clasificada— que exigían la exclusión la empresa ganadora de la licitación.

Este giro inesperado ha trastocado totalmente los planes del Ajuntament, que ha chocado con un nuevo obstáculo en una historia que parece interminable. El consistorio ya ha empezado a estudiar qué hacer para desencallar la situación.

Según fuentes municipales, se está analizando la situación jurídicamente con el fin de valorar si el procedimiento se vuelve a empezar desde cero o bien si se adjudica el concurso a Urbaser por haber quedado en segundo lugar en el concurso público.

El pasado 15 de marzo, el pleno municipal aprobó la propuesta de adjudicación del servicio de transporte y recogida de residuos urbanos y de la limpieza vial en GBI Paprec. Días después, Urbaser interpuso un recurso en lo que reclama la exclusión de la empresa ganadora «por haber incluido variantes, sin que lo permitieran los pliegues».

En este sentido, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público corrobora que «las empresas licitadoras no podían proponer soluciones técnicas diferentes o propuestas alternativas» con respecto a lo que estaba definido en los pliegues.

Incumplimiento de cláusulas

Urbaser alega que Paprec quiere externalizar parte del servicio de taller de vehículos. Concretamente, el mantenimiento preventivo de estos. La segunda clasificada asegura que este planteamiento «incumple» las cláusulas estipuladas, donde se exige que «todas las tareas se ejecuten en el parque de maquinaria municipal del contrato» y que el equipo técnico de taller que ponga a disposición a la adjudicataria tiene que ser quien las realice. El Tribunal considera que la propuesta de GBI «ofrecía una alternativa no admitida en los pliegue».

Les quejas de Urbaser también se centran en la brigada de control de vegetación espontánea. La compañía denuncia que la oferta de Paprec prevé la realización del servicio «con un equipo compuesto por un maquinista y un peón que, cuando los pliegues exigían dos equipos de un maquinista.

El Ajuntament ya calificó de «defecto» este incumplimiento, pero no procedió a la exclusión de la empresa, sino que optó para «no tenerlo en cuenta de forma negativa». De hecho, esta fue la forma de proceder del consistorio con respecto a todos los «defectos leves y poco significativos» detectados en las ofertas.

«No se ajusta a derecho»

El Tribunal considera «loable» el esfuerzo del Ajuntament, relativizando la aplicación de determinadas exigencias técnicas,» que ha realizado un «ejercicio de proporcionalidad» después de detectar que todas las propuestas presentadas contenían «defectos».

Sin embargo, el órgano catalán asegura que estas «discrepancias» constituyen «indudablemente» un «incumplimiento» de las exigencias que condicionaban la elaboración de las ofertas y reglaba su valoración. Así pues, el Tribunal ha estimado el recurso de Urbaser y ha anulado la adjudicación, ya que considera que el consistorio tarraconense no actuó «ajustado a derecho» y «vulneró las previsiones de los pliegues».

Con este nuevo escenario, el Ajuntament valora adjudicarlo a la segunda clasificada. Esta decisión podría comportar la presentación de un recurso por parte de FCC, que quedó en tercer lugar. Hay que tener en cuenta que, en la resolución del Tribunal, se afirma en varias ocasiones que todas las propuestas tienen «defectos».

La otra opción es iniciar desde cero el concurso. Eso, sin embargo, alargaría el procedimiento durante años, ya que haría falta volver a redactar y aprobar el contrato, antes de sacarlo de nuevo a licitación.

También se contempla la posibilidad de que GBI Paprec recurra su exclusión al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así pues, todavía mucho camino por recurrir para adjudicar, de una vez por todas, el contrato mayor del Ajuntament.

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