La oposición no acaba de ver clara la decisión del gobierno de Tarragona sobre el contrato de la limpieza

Los grupos de la oposición han mostrado sus dudas con respecto a la decisión del gobierno municipal de adjudicar el contrato de la basura a la segunda clasificada. El portavoz de ECP, Jordi Collado, cree que «anunciarlo sin tener un informe jurídico sobre la mesa y, sobre todo, sin tener un espacio en el que construir una mayoría suficiente para sacarlo adelante, nos parece un error».

El edil lamenta que no se haya convocado una junta de portavoces para comunicarlo: «Un gobierno en minoría tiene que construir consensos», remarca el consejero, quien advierte que «estamos en una encrucijada sin camino de vuelta con respecto a responsabilidades jurídicas».

Los comunes están pendientes de leer el informe que están elaborando los servicios técnicos para «valorar» la decisión de adjudicar el contrato a Urbaser. También lo está el portavoz de Junts per Catalunya, Jordi Sendra, quien tiene claro que la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público se tiene que cumplir. Aunque todavía no se quiere posicionar, reconoce que «no puede haber más dilaciones», ya que «Tarragona está sucia».

En este sentido, señala que «sería terrible para los ciudadanos que se volviera al punto de salida y se tuviera que iniciar de nuevo todo el proceso de licitación». Los consejeros no adscritos, Javier Gómez y Jaime Duque, también muestran preocupación con respecto al recorrido que puede tener la propuesta del ejecutivo socialista: «La decisión adoptada por el equipo de gobierno, la intención del cual entendemos que es la de acortar los tiempos y evitar perjuicios para la ciudad, no está exenta de cierto peligro ante futuros recursos».

La portavoz de ERC, Maria Roig, critica que el alcalde, Rubén Viñuales, «se encontró hecho un buen pliego, pero ha hecho una mala adjudicación». Por otra parte, la consejera no entiende que se adjudique el contrato «a una empresa a la que el mismo tribunal apunta que también incumple requisitos obligatorios». «Es una decisión injusta a conciencia, una posible prevaricación», manifiesta.

Así pues, Roig cree que «hay que volver a adjudicar, pero bien». Por su parte, Maria Mercè Martorell (PP), lamenta que «llevemos un año perdido por la incompetencia del gobierno». «Exigimos que el alcalde haga su trabajo y que Tarragona deje de estar más sucia que nunca», afirma. La aprobación de la adjudicación a Urbaser pasará por las manos de una oposición que no acaba de tener claro si es la opción correcta.