Sociedad
La «pesadilla» de unos vecinos del barrio de Campclar por un piso ocupado: «tenemos miedo a salir de casa»
La Guardia Urbana asegura que se efectuará un orden de desalojo, pero desconoce cuándo
Imagen de desperfectos causados por el ocupante durante los últimos dos años
Destrozos en el inmueble, amenazas a los vecinos, y una sensación continúa de inseguridad. Ya hace dos años que los vecinos de un bloque de la Rambla Ponente en Campclar viven una pesadilla. Este empezó durante el abril de 2022, concretamente el Viernes Santo.
Una familia que había vivido toda la vida en uno de los pisos del edificio había sido recientemente desahuciada por impago y, por lo tanto, la vivienda se encontraba desierta, hasta que llegó un nuevo inquilino que lleva desde entonces ocupándola de forma ilegal.
«La entrada del ocupante fue bien calculada, con cuatro días de fiesta por delante», explica una de las vecinas afectadas. «Un vecino lo vio entrar y llamó al 112. Vinieron los Mossos d'Esquadra, pero no pudieron hacer nada más que una identificación», explica.
Desde entonces, afirma, las 39 familias que residen en el edificio viven en un «auténtico calvario». «Vivimos en una situación de miedo constante. Este ocupante ha atraído a consumidores de sustancias y ha convertido nuestra escalera en un lugar transitado por toxicómanos que han dejado todos los rastros del consumo, han defecado, han dormido, han sustraído las bombillas y lámparas, han destrozado los buzones... Nuestra casa tendría que ser un espacio de tranquilidad, refugio e intimidad, pero durante los últimos 26 meses se nos ha negado este derecho», denuncia.
Instrumentos para consumir sustancias encontrados en el edificio
Además, la situación se ha agravado durante los últimos días, ya que, según afirma, el ocupante, que ya contaba con antecedentes penales cuando llegó al edificio, se encuentra actualmente a prisión, y como consecuencia, varias personas relacionadas con este estarían intentando acceder al piso, aterrorizando a los vecinos con amenazas
«Ya hace diez días que vivimos con miedo de entrar y salir de casa. El otro día me llamó mi hija asustada porque se los encontró en el portal a las 8 de la mañana, y nunca se había encontrado sola ante esta situación», explica.
Con las manos atadas
Ya hace dos años que los vecinos intentan encontrar una solución a este incesante conflicto, pero a pesar de su insistencia no consiguen recibir ninguna respuesta clara. «Les fuerzas y cuerpos de seguridad nos han acompañado y dado apoyo durante este tiempo, pero no pueden actuar de forma directa para poner fin a nuestra pesadilla», lamenta.
Y es que legalmente la policía sólo puede actuar y desalojar a un ocupante ilegal en caso de que este haya utilizado la violencia o intimidación contra los propietarios, o se detecte un delito en curso o reciente. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad únicamente podrían desalojar a esta persona mediante una orden judicial.
Hasta el 2023, únicamente el propietario de la vivienda, en este caso la entidad financiera CAJAMAR, podía presentar esta solicitud, lo que dejaba al vecindario afectado con las manos atadas. Eso cambió cuando en febrero de aquel mismo año, el Parlament de Catalunya aprobó la reforma de la Ley al Derecho de la Vivienda y del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.
A partir de entonces, ante la pasividad de los grandes tenedors, los ayuntamientos catalanes tienen la posibilidad de desocupar inmuebles conflictivos o que alteren la convivencia con los vecinos, convirtiéndolos en viviendas sociales.
No obstante, la esperanza de que acompañaba esta nueva posibilidad fue efímera, ya que según informa la Guardia Urbana de Tarragona, el Ayuntamiento no pudo actuar porque fue la entidad propietaria quien finalmente inició el proceso legal.
Este, aseguran, se efectuará, pero desconocen cuándo. «Esta entidad en ningún momento ha contactado con nosotros a pesar de nuestras reiteradas peticiones. No nos ha dado ninguna información ni nos ha intentado tranquilizar. Parece que se han olvidado de nosotros», lanza la vecina.
Desde entonces la comunidad ha intentado tomar otras medidas, como contactar con las empresas de suministros para que dejaran de proporcionar sus servicios en el piso ocupado, pero estas, afirman los vecinos, «no quisieron actuar con contundencia, prácticamente nos insinuaron que éramos el vecindario los responsables de proteger las instalaciones. Estamos solos ante esta situación».
