Gobierno y oposición condenan el espionaje sufrido por una técnica y se conjuran para aclarar el caso

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Tarragona harán una declaración institucional para dar apoyo a los funcionarios públicos de la casa y, en especial, a la jefa de Servicios Públicos, la cual habría sido víctima de un caso de espionaje.

Así lo acordaron gobierno y oposición en la Junta de Portavoces celebrada ayer de forma extraordinaria para tratar la noticia publicada por Porta Enrere, en el que explicaba que la técnica municipal, responsable del contrato de la limpieza, sufrió seguimientos y le intervinieron su teléfono personal. Según apuntaba el medio digital, el móvil del alcalde, Rubén Viñuales, también habría sido pinchado.

«El Ayuntamiento ha sido víctima de un espionaje, no sabemos por parte de quién», denunciaba la portavoz del gobierno socialista, Sandra Ramos, quién compareció después de la reunión con el resto de los partidos. La consejera aseguró que la funcionaria afectada ha denunciado los hechos a la Guardia Civil, aunque fuentes del cuerpo policial han señalado a este medio que no hay ninguna investigación en marcha. Tal como exponía Porta Enrere, los seguimientos a la técnica municipal salieron a la luz en una reunión que se celebró el 25 de marzo, en la que en la que estaba presente Viñuales

Una vez conocida la situación, se llevó a cabo una primera prueba pericial para comprobar si el teléfono móvil del alcalde tenía algún programa de espionaje instalado. El resultado mostró que «había indicios», decía Ramos, quién explicaba que el Ayuntamiento ha encargado un segundo peritaje para «comprobar mejor los hechos antes de poner una denuncia». Preguntada por si creía que han actuado tarde, la portavoz del gobierno respondió que «no» y argumentó que han sido «prudentes en una cosa tan grave como la que teníamos entre manos». «La discreción era muy importante», señalaba la consejera, quien lamentaba que «se haya hecho pública la noticia antes de poder tener los resultados de la pericial». El edil considera que este hecho «facilita la vida a los responsables del espionaje» y complican la investigación para encontrar el origen.

Descartar a otras víctimas

«Sólo se comunicó a quién consideramos que necesitaba saber esta información», indicaba Ramos, quien asegura que una de las primeras personas que fue alertada sobre la situación fue el consejero Jordi Fortuny (ERC), anterior responsable del área de Limpieza y del contrato de la basura, quien recibió una llamada del alcalde. El edil republicano encargó un peritaje —que costó unos 3.000 euros— para comprobar si su móvil había sido intervenido. En su caso, el resultado fue negativo.

«Queremos saber si hay otras personas de la casa que han sufrido el espionaje y quién lo ha hecho», reclamaba la portavoz del grupo municipal de ERC, Maria Roig, quien pedía al alcalde que se llegue «hasta el final» de la investigación para «saber toda la verdad». El edil mostró su apoyo a la técnica municipal afectada: «Que se haya violentado su intimidad me parece extremadamente grave». Así lo consideraba también Jordi Sendra, portavoz de Junts, quién señalaba que «es intolerable». «Que se investigue y se espíe a una funcionaria me parece que está fuera de todo lugar», lanzaba el consejero, quien cree que se ha llegado a un punto que «huele a podrido».

«Situación gravísima»

Por su parte, la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell, lamentaba esta «situación gravísima» y afirmaba que se trata de un espionaje «a nivel institución». «Hemos encomendado que otros miembros del gobierno hagan también un peritaje», afirmaba Jordi Collado (ECP), quien cree que lo que ha sucedido «ensucia todavía más el proceso de contratación». Por otra parte, mostraba su preocupación porque «el contrato de la basura suscita demasiados problemas y nos está llevando a hablar de todo menos de cómo está de sucia la ciudad». Sin embargo, apuntaba que con la declaración institucional «nos conjuramos todos para aclarar lo qué ha pasado».

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