El Ayuntamiento de Tarragona recurrirá al TSJC la resolución que excluye a la ganadora del concurso de la basura

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCC) que excluyó la empresa GBI Paprec, ganadora del concurso de la basura , valorado en 233 MEUR para los próximos diez años. La decisión, incluida como punto extraordinario en el orden del día, ha recibido el apoyo de todo el plenario a excepción de Vox -voto en contra- y de un concejal no adscrito -abstención.

Paralelamente, el consistorio también ha validado seguir con el proceso de adjudicación en la segunda clasificada, Urbaser. En este caso ha votado a favor PSC, Junts y los dos concejales no adscritos -anteriormente en Vox-, mientras que ERC, PP, Vox y ECP han votado en contra.

El consejero de ERC, Jordi Fortuny, ha expresado que «desde el principio» tenían claro que había que presentar un recurso al TSJC. «Daremos el contrato a una empresa pero pondremos un recurso porque tenemos razón. ¿Cómo se come eso? A mí me explota la cabeza. Vamos a una instancia superior y que cierre el tema, y no lo cerremos nosotros en falso», ha manifestado.

Desde el gobierno municipal, la portavoz Sandra Ramos ha remarcado que situaciones como esta pasan «habitualmente». «Ejecutamos la resolución del TCC pero defendemos los intereses del Ayuntamiento y la recurrimos», ha dicho. Ramos, ha hecho un símil afirmando que en casos de multas de tráfico, se puede recurrir la sanción pero que primero hay que pagarla.

El grueso del debate sobre la materia se ha tenido durante el punto que ha hecho que el consistorio reclame la documentación a Urbaser para iniciar el proceso de adjudicación del contrato. Ahora la compañía tiene diez días para presentarla, los técnicos municipales lo analizarán y de cara al pleno de julio está previsto que se formalice la adjudicación.

«La normativa especifica que cuando un licitador queda excluido, tiene que pasar al siguiente, así que toca adjudicar a Urbaser», ha afirmado la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, que ha remarcado que «no procede volver a empezar la licitación».

Por su parte, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales ha afirmado: «yo no decido nada, me dicen que se tiene que hacer así y hago caso a los funcionarios; y más si hay informes jurídicos», ha enfatizado. Al mismo tiempo ha añadido que los técnicos han afirmado que si hubiera alguna responsabilidad sería de los funcionarios, no de los políticos.

Desde Junts, su portavoz Jordi Sendra ha ido en la misma línea: «si cuestionáramos cada informe de los técnicos paralizaríamos el Ayuntamiento; entendemos que tenemos la garantía jurídica que cumplimos lo que manda el TCC».

También han dado apoyo al gobierno los dos consejeros no adscritos. «Tenemos que continuar con el procedimiento, sólo así estamos amparados ante posibles responsabilidades», ha valorado a Francisco Javier Gómez.

Grupos de la oposición, como ERC, PP o ECP han pedido «más tiempo» antes iniciar el proceso de adjudicación, pero desde las formaciones que han decidido salirlo adelante han asegurado que lo único que se ha hecho es acatar la resolución del TCC. «El tribunal no dice que se tenga que adjudicar al segundo clasificado», ha remarcado a la portavoz del PP, Maria Mercè Martorell.

«Les otras empresas también recurrirán. Nos estamos poniendo en un camino de recursos administrativos que no sabemos donde nos llevará. Lo que tendríamos que hacer es pedir un informe externo por tranquilidad de todos», ha reclamado. Una petición que Viñuales ha desestimado por el tiempo que se tardaría al tenerlo.

Por su parte, desde Vox, Judit Gómez ha alertado de que «la adjudicación es precipitada» y que «está el peligro de que el contrato quede paralizado». «Nos han arrastrado a un laberinto jurídico que no tiene fin», ha indicado. Para Jordi Collado, portavoz de En Comú Podem, la sensación es que el consistorio «se está poniendo en una pedriza» que no se sabe «dónde lleva». «La salida no tiene que ser rápida, tiene que ser segura», ha aseverado.

Escenario de futuro

Respecto de la posibilidad de que una vez el consistorio haya adjudicado el contrato a Urbaser posteriormente el TSJC dé la razón al Ayuntamiento y readmita GBI Paprec -la ganadora-, la responsable de Hacienda ha indicado: «haremos lo que diga la justicia». Mascaró ha reconocido que «por descontado» las empresas licitadoras presentarán recursos. «Estamos hablando de años de posibles litigios», ha pronosticado. Con todo, la intención del equipo de gobierno es «dar cumplimiento a la resolución del TCC y poder poner en marcha el antes posible» el nuevo contrato de limpieza.

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