Libertad para el gerente y trabajador de Antiokupa Tarragona por hacer desocupaciones extrajudiciales

La Audiencia de Tarragona ha acordado la libertad para los dos investigados de la empresa Antiokupa Tarragona. Se trata del gerente y un trabajador acusados de hacer desocupaciones extrajudiciales, los cuales interpusieron un recurso de apelación a la decisión del juzgado de instrucción 3 de Reus, que decretó prisión provisional.

La Sala argumenta que no hay riesgo de fuga por el arraigo de ambos ni tampoco riesgo de reiteración delictiva. Además, considera que «no es proporcional» la medida. La causa está abierta por varios delitos como el de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas, contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

También está abierta por los delitos de descubrimiento y revelación de secreto, falsificación de documento público, robo con violencia y pertenencia a organización criminal. Con respecto a las medidas cautelares, el magistrado de la sección segunda de la Audiencia de Tarragona les impone la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados y la prohibición de abandonar el país, así como la entrega del pasaporte y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

La Sala ha resuelto los recursos de apelación por la resolución del juzgado de instrucción número 3 de Reus, fecha del 17 de mayo de 2024, en la que se acordó la medida cautelar de prisión provisional. En el recurso presentado por las partes, también se solicita la nulidad de las actuaciones hechas el 7 de septiembre de 2023. Ante eso, el magistrado sostiene que se extralimitaría y los situaría en una posición similar al órgano de primera instancia. «No tenemos competencia para hacerlo, ya que nuestra competencia se limita a resolver recursos de apelación», dicen.

El juez subraya en su escrito, que la investigación judicial recoge intervenciones telefónicas entre los investigados que hablan de «cuestiones relativas a los inmuebles para ser desalojados». También que se han identificado tanto por parte de la policía como por terceras personas como las «personas que se han personado en los domicilios o que han contactado telefónicamente con los inquilinos para presionarlos y coaccionarlos para conseguir que abandonaran sus viviendas».

Sin embargo, el magistrado considera que la prisión provisional no es una medida «proporcional» porque considera que no hay riesgo de fuga por el arraigo de los dos ni tampoco riesgo de reiteración delictiva, ya que sostiene que la investigación judicial ha supuesto el «desmantelamiento de la actividad material» de la empresa Antiokupa Tarragona. «Existen otras medidas que aseguran la presencia de los investigados en procesos menos costosos», argumenta. Por todo ello, ha decretado la libertad.

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