Se aplaza la adjudicación del contrato de la limpieza de Tarragona al menos hasta otoño

Tarragona todavía tendrá que esperar unos cuantos meses para saber quién será la nueva adjudicataria del contrato de basura. Todo estaba preparado para que, en el pleno de hoy, se adjudicara el servicio de la limpieza a Urbaser, que fue el segundo clasificado en el concurso público, pero el recurso que ha presentado la empresa ganadora, GBI Paprec, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra su exclusión ha alterado los planes del Ayuntamiento.

Ayer por la mañana se celebró una Junta de Portavoces en la que el gobierno municipal y los grupos de la oposición han acordado de forma unánime no llevar al consejo plenario la propuesta de adjudicación del contrato a Urbaser. Así, el consistorio ha decidido dar marcha atrás después de que el TSJC haya admitido a trámite la demanda de Paprec, en la que la compañía pide medidas cautelares para suspender el proceso de adjudicación al segundo clasificado.

La consejera de Hacienda y Servicios Centrales, Isabel Mascaró, explicaba que «por un criterio de prudencia», y siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales, esperarán hasta que «exista un pronunciamiento por parte del TSJC sobre la posible suspensión». De esta manera, se pretende «blindar jurídicamente al Ayuntamiento».

Con respecto a cuándo puede llegar la resolución del Tribunal, la edil afirma que «suelen tardar entre dos o tres meses». Teniendo en cuenta que «en el mes de agosto es inhábil judicialmente», la espera se alargará al menos hasta otoño, hacia el mes de noviembre. Es cierto, sin embargo, que se podría alargar más de lo que está previsto. Mascaró asegura que, mientras tanto, el consistorio «está reforzando los controles» para «garantizar la continuidad del servicio de la limpieza» por parte del actual adjudicatario -FCC-.

Consenso con críticas

El aplazamiento de la adjudicación del contrato de la limpieza ha generado consenso en la oposición. Sin embargo, muchos de los grupos municipales han cargado contra la gestión que ha hecho el gobierno. «Señalamos el hecho de la precaución y que era temerario resolver la adjudicación de esta forma», lamentaba el consejerovde ERC, Jordi Fortuny. El edil defiende que el Tribunal de Contratos cometió «un error» excluyendo a Paprec del concurso por una «mala interpretación». Así pues, cree que tiene que ser el TSJC el que «resuelva de forma definitiva y con seguridad jurídica esta licitación».

El portavoz de ECP, Jordi Collado, también considera que el gobierno se equivocó» intentando «correr», con «una Sonía Orts —responsable de Limpieza— desaparecida y un alcalde envalentonado». El consejero pide «todos los caminos que tenemos» y pone sobre la mesa la opción de «reiniciar el proceso fragmentando el contrato», «municipalizando» una parte. Por su parte, Judit Gómez (Vox) aplaudía que «aunque sea tarde y mal, hayan atendido nuestras recomendaciones».

Maria Mercè Martorell (PP), que también lo celebraba, decía que «tenemos que tener juicio y respetar las decisiones de los Tribunales para no complicar todavía más la situación». «La suspensión temporal de la adjudicación permitirá asegurar que cualquier decisión tomada esté debidamente apoyada por la legalidad», defendían los consejeros no adscritos, Javier Gómez y Jaime Duque, mientras que el portavoz de Junts, Jordi Sendra, afirmaba que el consistorio «quiere esperar a saber si se aceptan las cautelares y se suspende el procedimiento» antes de tomar una decisión.