El ICAT presentará una queja a la Síndica de Greuges por el retraso en la construcción del Foro Judicial

Los abogados de Tarragona están hartos de esperar al inicio de obras del futuro Foro Judicial, que ha sufrido atrasos constantes desde que se empezó a hablar del proyecto el año 1999. Después de que la consellera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Gemma Ubasart, afirmara que el nuevo equipamiento no entraría en funcionamiento hasta el 2018, la Junta del Govern del Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona (ICAT) acordó ayer abrir un procedimiento de reclamación ante la Síndica de Greuges para manifestar su desacuerdo con el retraso en la construcción de un complejo jurídico largamente reivindicado.

Desde el colegio recuerdan que la misma Ubasart aseguró, en enero del 2023, que el Foro Judicial estaría terminado el año 2026. Ahora, parece que habrá que esperar dos años más para que sea una realidad. La decana del ICAT, Estela Martín, compareció ayer ante los medios para mostrar «el malestar de todo el colectivo de la abogacía de Tarragona». En este sentido, lamentaba que la consejería no se haya puesto en contacto con ellos para comunicarles este «nuevo retraso». «Se anunció en 1999 y, ahora mismo, en 2025, seguimos esperando que se mueva un poco de tierra», apuntaba a Martín, quien considera que «todo eso es un agravio muy grande para todos los ciudadanos que tenemos que utilizar los juzgados».

El Departamento de Justicia presentó el jueves el plan de inversión para la mejora de equipamientos judiciales para los próximos cinco años, el cual prevé una dotación presupuestaria de 255,2 millones de euros. Del total, hay una partida reservada de 70 millones para construir el futuro Foro Judicial, que tendrá 32.000 metros cuadrados y se ubicará en la calle Pont i Gol, junto al Hospital Joan XXIII. Se anunció que las obras se licitarían el primer trimestre de 2025 y que el nuevo equipamiento estará terminado el 2027 para que entre en funcionamiento al principio del 2028.

La decana del ICAT cree que es una «tomadura de pelo», ya que estaba previsto para el 2026, y denuncia que Tarragona es «el patito feo» que «está sufriendo una desatención por parte de la Generalitat, con todos los gobiernos que han pasado.» Martín asegura que este retraso «impide la creación de nuevos juzgados porque no tenemos donde ponerlos». Además, recuerda que las dependencias judiciales se encuentran repartidas en 8 sedes diferentes, lo que genera un gasto de 1,2 millones de euros en alquileres.

Aparte, de exponer a la Síndica que aunque hay el dinero y el proyecto, no lo hacen, el ICAT también ha pedido una reunión con Ubasart para «pedir explicaciones» sobre el retraso de los plazos.

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