Denuncian que el puerto de Tarragona potencia el tráfico transfronterizo de residuos

El Grupo Ecologista de Tarragona y el Ebro - Ecologistas en Acción denuncian que el puerto de Tarragona y la empresa Griñó Ecológico S.A «seguirán potenciando el tráfico transfronterizo de residuos». El 23 de agosto, se publicó en el BOE el anuncio de la Autoridad Portuaria que sometía a información pública la solicitud presentada por esta compañía con el fin de obtener la concesión administrativa para ocupar 2.499 m2 en la zona III-2 del muelle de Cantabria. «Denunciamos que esta actividad está acompañada de dudosos controles de seguridad ambientales, hechos reconocidos por los mismos cargos y trabajadores públicos, y la contradicción que supone esta actividad con la campaña de ecoblanqueo», dicen los activistas, que estudian presentar alegaciones.

Según recoge la publicación el Boletín Ofiial del Estado (BOE), la Autoridad Portuaria está tramitando el procedimiento administrativo, solicitado por la empresa Griñó Ecologic SA, con el objetivo de obtener una concesión administrativa de dominio público portuario en el puerto tarraconense para el almacenaje y transferencia de residuos no peligrosos procedentes de movimientos transfronterizos. «Esta petición está asociada a prácticas muy contaminantes y a posibles relaciones con las mafias italianas, tal como se denunció al programa Sense Ficció de 3Cat: «Insostenible tras la basura», ha asegurado el presidente de Grupo Ecologista de Tarragona y el Ebro - Ecologistas en Acció, Víctor Álvarez.

El activista también ha denunciado que la incineración de estos residuos -conocidos como Combustible Sólido Recuperado (CSR) y los cuales tienen una parte «bastante elevada de plásticos (PVC)»-, producen «grandes cantidades de dioxinas». Concretamente, indica, que en el caso de los policarbonatos producen fenol, que estropea el sistema nervioso; los polietilenos producen butadieno 1-3, benceno y tolueno, que son cancerígenos; el poliestireno genera hidrocarburos aromáticos policíclicos, también cancerígenos y los poliuretanos provocan isocianatos, cancerígeno que afecta a las vías respiratorias.

«Estas actividades de incineración no son un reciclaje, estamos luchando en contra de la posible reutilización de estos productos», ha dicho Álvarez. Y ha añadido: «Este combustible recuperado es utilizar, principalmente, en empresas cementeras, las cuales son las responsables de la emisión de entre el 4% y el 8% del dióxido de carbono mundial». Por eso, denuncian que la incineración de residuos y de combustibles alternativos no reduce las emisiones, sino que en determinados casos les aumenta, cómo es el caso de los compuestos orgánicos volátiles o el mercurio. «Está comprobado científicamente que hay una relación directa entre el aumento de la morbilidad y la mortalidad por los diversos tipos de cánceres y la proximidad a las incineradoras de residuos», ha dicho Álvarez.

Presentación de alegaciones

Los ecologistas estudian presentar alegaciones a la solicitud hecha por Griño e indican que tienen hasta el 20 de septiembre para hacerlo. En ningún caso, especifican, lo harán por la gestión de los residuos que se hace a una empresa de Constantí. «Estamos mirando si se cumplen las medidas de seguridad y si los residuos, a través del aire, se pueden ir volando hacia otros espacios», ha manifestado Álvarez. Aunque ha subrayado que la petición hecha es por un espacio menor de la concesión que ya tienen otorgada, el activista ha recriminado a la Autoridad Portuaria que permita esta actividad cuando sostiene, impulsa campañas de «blanqueo verde», desde hace tiempo.

El puerto afirma que se ha tramitado con «total transparencia»

Por su parte, los responsables de la Autoridad Portuaria afirman que se trata de una concesión para una empresa que hace años que opera en las instalaciones portuarias llevando a cabo servicios de limpieza y tratamiento de residuos, los cuales, aseguran, «se han generado dentro del mismo puerto». «El procedimiento ha sido tramitado con total transparencia a través de un anuncio público en el Boletin Oficial del Estado y abriendo un periodo de alegaciones, garantizando el acceso a la información a la ciudadanía», destacan desde el organismo.

Asimismo, añaden que el puerto de Tarragona «colabora» con las administraciones competentes para facilitar las tareas de inspección de los tráficos que se producen en sus tenazas a fin de que «cumplan con todos los requisitos legales, de seguridad y de sostenibilidad que fijan las normas catalanas, estatales y europeas». Ante las acusaciones de los ecologistas, fuentes del puerto de Tarragona defienden que los tráficos de residuos plásticos en bala «no ha registrado ningún movimiento estos últimos dos años».

Según estas mismas fuentes, las cifras oficiales del puerto de Tarragona durante el 2023 y este 2024 indican que «no ha habido ninguna escalera de ningún barco procedente de Italia con este tipo de producto». «Un dato que muestra el poco peso de este tráfico -residuos plásticos en balas- en las instalaciones portuarias tarraconenses», cierran.