Economía
El Ayuntamiento de Tarragona volverá a aplicar un impuesto a las empresas de telefonía móvil una década después
Se creó una ordenanza el año 2009 que fue anulada por el TS en 2013, haciéndola inaplicable
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona ha llegado a un acuerdo con los grupos municipales de Junts per Catalunya y En Comú Podem para la creación de un nuevo impuesto para las empresas de telefonía móvil. No es la primera vez que se impone un tributo a las compañías de este sector. El año 2009, entró en vigor una ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.
Cuatro años después, sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) declaró nulos algunos de los artículos. Concretamente, los que concretaban el hecho imponible, los sujetos pasivos o el método para calcular la cuantía total a pagar.
Desde aquel momento, la ordenanza se volvió inaplicable. Una década después, el consistorio pretende impulsar de nuevo un impuesto a estas compañías por el aprovechamiento y ocupación del dominio público municipal con la instalación de las diferentes redes de telecomunicaciones.
Así pues, el Ayuntamiento derogará a la ordenanza vigente desde el 2009 para crear otra que incluya una «ampliación del hecho imponible a las ocupaciones que se hagan por parte de los titulares de los servicios de telefonía móvil en el vuelo, suelo o subsuelo». En este sentido, el consistorio ya no contemplará sólo las vías públicas municipales, sino que extenderá la imposición de la tasa a la ocupación de todo el dominio público municipal.
Uno de los principales cambios con respecto a la ordenanza que se quiere derogar, es el método para calcular la cuota tributaria. Antes, se calculaba el importe a pagar según el número de abonados de cada empresa a Tarragona y el ingreso medio de operaciones por abonado. Con el nuevo planteamiento, se ha establecido un precio básico de 10,13 euros por metro cuadrado a partir, basándose en el «valor de mercado», que se multiplicará por la superficie ocupada por el operador, el tiempo de duración de la utilización privativa o aprovechamiento especial y el coeficiente de ponderación de los servicios móviles con respecto a la totalidad de servicios de telecomunicaciones prestados por la compañía.
Unos 2 MEUR en ingresos
Según los cálculos municipales, la superficie utilizada por las empresas para la explotación de servicios de telefonía móvil es de 28.133,41 metros. Con este impuesto, la previsión del grupo municipal de En Comú Podem es que se puedan ingresar en torno a los 2 millones de euros. «Hicimos la propuesta buscando mejorar la capacidad de recaudación del Ayuntamiento sin afectar a los ciudadanos», apunta el portavoz de ECP, Jordi Collado. En este sentido, el edil señala que «las multinacionales aprovechan las estructuras urbanas y hace falta que paguen para su uso».
Por su parte, el portavoz de Junts, Jordi Sendra, afirma que «como condición para la negociación de ordenanzas defendíamos que hay que crear una tasa para las grandes empresas telefónicas que hacen uso de nuestro suelo, subsuelo y vuelo». Sin embargo, asegura que fueron «los únicos» que pidieron este tributo «durante la campaña electoral». La nueva tasa, que se prevé que entre en vigor el 1 de enero del 2025, pasará por la comisión de Hacienda que se celebrará mañana, antes de ir al pleno del día 18.