Judicial
Nueva prisión provisional para uno de los investigados de una empresa de desocupaciones de Tarragona
El hombre salió en libertad en junio y constan nuevas denuncias contra él desde entonces
Audiencia de Tarragona.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus ha decretado una nueva medida de prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los investigados de una empresa de desocupaciones extrajudiciales en Tarragona, Antiokupa Tarraco.
El juzgado ya había decretado esta medida cautelar para el investigado el 17 de mayo, pero después de un recurso, la Audiencia de Tarragona decidía el 28 de junio desestimarla. Ahora, sin embargo, una vez recibido el atestado del caso, el juzgado de instrucción afirma que la investigación recoge varias denuncias por la participación de la misma persona en nuevos hechos delictivos desde que salió en libertad, hecho por el cual vuelve a acordar la medida de privación de libertad.
A mediados de mayo los Mossos d'Esquadra desmantelaban una organización criminal que actuaba bajo la apariencia de una empresa legal para hacer desocupaciones extrajudiciales. Se detuvieron 16 personas y había 11 investigados más.
Antiokupa Tarraco había actuado en más de 60 puntos de Cataluña con medios coactivos y violentos para expulsar a los inquilinos de los domicilios a cambio de recibir diferentes cantidades de dinero por parte de los propietarios.
El juzgado los investiga por delitos de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, amenazas, delitos contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertad públicas, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.
Los arrestados actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por motivo de origen, raza o etnia, y eran especialmente violentos y expeditivos contra personas de determinado origen. En aquel momento dos de los investigados entraban en la prisión provisional comunicada y sin fianza, y los dos, el gerente y un trabajador, saldrían a mediados de julio. La Audiencia de Tarragona consideraba entonces que la medida no era «proporcional» porque no había riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.