Seguridad
La Part Alta de Tarragona tendrá que esperar hasta el 2025 para tener las cámaras de videovigilancia
El nuevo proyecto se licitará después de pasar por la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural este noviembre
Ha pasado un año desde que la Generalitat de Catalunya decidió suspender la licitación de los trabajos para la instalación de 28 cámaras de videovigilancia en la Part Alta. El Ayuntamiento de Tarragona ha tenido que modificar el proyecto para atender las exigencias del Gobierno, que instaba a utilizar dispositivos más pequeños con respecto a los previstos inicialmente.
Una vez hecho todos los cambios requeridos, el consistorio está a la espera de que la nueva propuesta pase por la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural el próximo mes de noviembre. Fuentes de la Guardia Urbana explican que, una vez se tenga el visto bueno, se harán los trámites para volver a iniciar un nuevo concurso público.
La previsión es que las cámaras se puedan instalar al principio del 2025. En la primera licitación, que se puso en marcha en enero del 2023, el proceso de adjudicación duró casi cuatro meses. Ahora, en este segundo intento, se tratará de agilizar los plazos. La idea es que se publique la nueva licitación entre noviembre y diciembre y se puedan empezar los dispositivos a principios del 2025. De esta manera, se daría respuesta, después de muchos años, a una demanda histórica del vecindario del barrio.
«Hace tiempo que las pedimos, esperamos que no tarden mucho más en llegar», comenta el presidente de la Asociación de Vecinos (AV) de la Part Alta, Manel Rovira, quien reconoce que «últimamente no se han producido muchos incidentes». Sin embargo, remarca la importancia de colocar estas cámaras para «mejorar la seguridad en el barrio». En la misma línea, Quim Castellví, presidente de la AV Ara Part Alta, señala que estas son «necesarias desde hace años». «Esperamos que se coloquen cuanto antes mejor y que el barrio sea más seguro», reclama el representante vecinal.
En el año 2019, algunos residentes de la Part Alta decidieron instalar cámaras de videovigilancia en los balcones y fachadas de sus viviendas para protegerse de la inseguridad ante el aumento de los hurtos y las peleas, y la proliferación del tráfico de drogas. Estas se acabaron sacando porque la Autoridad Catalana de Protección de Datos lo prohíbe. Según la normativa, la videovigilancia en la vía pública es competencia de la policía.
El Ayuntamiento de Tarragona acabó tomando la iniciativa y, en enero del 2023, mandó un concurso público para la instalación y puesta en marcha de 28 cámaras de seguridad en la Part Alta. Más allá de la colocación de los dispositivos, se licitaba un segundo lote que comprendía la gestión y la analítica de la videovigilancia con la Guardia Urbana.
La Part Alta, protegida
El contrato, que comprendía también el mantenimiento de los equipos, se adjudicó a la empresa Alphanet Security Systems SL por 118.789,57 euros. Meses después, la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Tarragona suspendió la tramitación de esta intervención porque consideraba que las cámaras que se iban a instalar eran demasiado grandes, hecho que podría contaminar visualmente el patrimonio histórico del barrio, generando un impacto negativo. Hay que recordar que la Part Alta está protegida a nivel patrimonial por el gran número de edificios que hay en el barrio. El Ayuntamiento ya ha hecho las modificaciones necesarias en el proyecto y confía en que, por fin, se puedan colocar en los próximos meses.