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Repsol deja en ‘standby’ las inversiones en Tarragona por el impuesto a las energéticas

El mantenimiento del gravamen lleva a la compañía al conflicto con el Estado español mientras se acerca a Portugal

Imatge de la planta de Repsol, al complex químic nord de la Pobla de Mafumet.

Imagen de la planta de Repsol, en el complejo químico norte de la Pobla de Mafumet.Gerard Marti Roig

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Repsol ha amenazado con paralizar a sus inversiones en España ante la posibilidad que el Estado haga permanente el impuesto a las energéticas. Esta noticia afecta especialmente a dos proyectos del Camp de Tarragona, los cuales suponen unos de los más ambiciosos de la compañía actualmente. El primero es la Ecoplanta proyectada en el Morell, con una inversión de 800 millones dedicados a producir metanol a partir de residuos urbanos no reciclables, una apuesta pionera en el estado.

El segundo es el mayor electrolizador de España para hidrógeno renovable, proyectado dentro del Valle del Hidrógeno Verde de Cataluña y con 300 millones de inversión.

De hecho, este la fiscalidad española ya intercedió al proyecto de la Ecoplanta en el 2022, cuando el gobierno español anunció por primera vez el impuesto extraordinario. Repsol comunicó entonces la paralización de sus inversiones ante la «incertidumbre fiscal», provocando que la apertura estimada de la Ecoplanta se retrasara de 2026 a 2028.

El gravamen extraordinario a las energéticas es una propuesta surgida del acuerdo de investidura que firmaron a PSOE y Sumar para financiar las medidas que se pusieron en marcha para paliar el efecto de la crisis energética durante el inicio de la guerra de Ucrania. Este se aplicaría únicamente a las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros, entre ellas Repsol, así como Endesa, Naturgy, Iberdrola y Cepsa.

Este impuesto ha sido prorrogado durante dos años y ahora el Gobierno plantea convertirlo en una figura permanente dentro de su plan de equilibrio fiscal enviado a la Unión Europea. Hoy expira el plazo para hacer alegaciones al proyecto de ley en el cual se incluyen estos impuestos, hecho que lleva a Repsol a afirmar que «este es un momento decisivo para inclinar la balanza».

Sin embargo, el ejecutivo español podría decidir prolongar el periodo de enmiendas. Hace falta destacar que el impuesto en la banca y las energéticas es una de las condiciones es una de las condiciones que ha marcado Sumar a sus socios de gobierno con el fin de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025.

La empresa se ha mostrado contundente en este sentido, asegurando que «se paralizarán las inversiones si se penaliza en las empresas que apuestan por España y crean riqueza y puestos de trabajo al país». De hecho, la compañía asegura que todos sus proyectos en el estado se encuentran en «standby por la falta de marco regulador y fiscal estable».

Paralelamente, Repsol ha iniciado los trámites para llevar una nueva inversión relacionada con el hidrógeno verde a Portugal, país donde habría encontrado una fiscalidad más alentadora por sus planes. Tal como han confirmado fondos de la empresa al Diari Més, Repsol ha decidido invertir en un electrolizador en Sines, población del sur del país vecino. La inactiva supondría una inversión de 15 millones de euros para producir 600 toneladas de hidrógeno el año.

Inquietud sindical

Ante esta noticia, los representantes de los trabajadores en Tarragona han hecho patente su inquietud. Así lo expresa Joan Llort, secretario general de la UGT en Tarragona, quien asegura que «los más perjudicados ante esta situación son los trabajadores». Llort pide «una mesa de diálogo entre el Gobierno y las empresas para encontrar una solución que sea en beneficio de toda la sociedad».

Por su parte, Jordi Margalef, secretario de comunicación del STR, expresa que «reciben con preocupación esta noticia», alegando que «la inversión de muchas empresas en transición energética depende del primer paso de Repsol». El secretario pide que «se haga el trabajo y acabe este tira y afloja» a fin de que «se garanticen los puestos de trabajo».

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