Presupuestos
Las negociaciones no se detienen en el Ayuntamiento de Tarragona
El gobierno se reunió el lunes con el PP, lo hará hoy con Junts y, mañana, con ECP
El gobierno municipal ha pulsado el acelerador esta semana con el objetivo de tener aprobado el presupuesto, como máximo, en el pleno ordinario del 15 de noviembre.
El Ayuntamiento aprobó el presupuesto de este 2024 con los votos a favor de 20 de los 27 consejeros que conforman el pleno municipal. Ha pasado un año desde aquel momento y el gobierno vuelve a estar inmerso en negociaciones con los grupos de la oposición. Hace unos días por las ordenanzas fiscales y, ahora, para las cuentas del 2025. Difícilmente se podrá volver a ver un consenso tan amplio como hace 12 meses, cuando el ejecutivo socialista contó con el apoyo de Esquerra Republicana, Junto por Cataluña y En Comú Podem. Principalmente, por la autoexclusión este año de ERC en las conversaciones tanto por los presupuestos como por las ordenanzas fiscales. El único encuentro que se produjo entre el gobierno y los republicanos fue a principios de septiembre. Desde entonces, la formación capitaneada por Maria Roig denuncia que el alcalde, Rubén Viñuales, «ha dinamitado todos los puentes de confianza».
Lo que no ha cambiado con respecto a hace un año es que Junts y ECP siguen siendo los socios prioritarios de los socialistas. Ambas formaciones ya pactaron con el ejecutivo la aprobación de las ordenanzas fiscales del próximo año y todo apunta que volverán a llegar a un consenso con el ejecutivo para sacar adelante las cuentas. Eso sí, Viñuales ha tenido que dar cumplimiento a la gran mayoría de las inversiones acordadas para este 2024 para poder iniciar las negociaciones. Hoy, el grupo negociador del gobierno —formado por la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró, y el asesor especial de Alcaldia, Pau Pérez- se reunirá con el portavoz de Juntos, Jordi Sendra. Los juntaires presentarán sus propuestas, como la mejora de los polígonos industriales de la ciudad.
Mañana será el turno de En Comú Podem. El portavoz del grupo, Jordi Collado, explica que aprovecharán el encuentro para presentar a una batería de propuestas a incluir en el apartado de inversiones del presupuesto del año próximo. La vivienda será una cuestión prioritaria para la formación morada, como lo fue el año pasado, cuando pactaron una partida de 1,5 MEUR para la construcción de pisos sociales. También propondrán iniciativas para impulsar el trabajo socioeducativo y comunitario en la calle. Sin embargo, pondrán sobre la mesa las diferentes demandas que ha hecho el grupo a través de mociones. En el pleno de la semana pasada, por ejemplo, exigieron la reforma del local de la Asociación de Vecinos de la Floresta, así como la recuperación de una casita abandonada ubicada a la urbanización de Tarragona 2.
Con Junts y ECP, el gobierno tendría bastante para llegar a los 14 votos necesarios para dar luz verde a las cuentas. No obstante, los socialistas también se reunieron el lunes con el Partido Popular. Las sensaciones al acabar el encuentro, sin embargo, no fueron demasiado positivas. «Aunque los presupuestos sacarán adelante, presumiblemente, con los votos del PSC, Junts, ECP y exVox, hemos hecho en manos del equipo de gobierno nuestras propuestas», afirma la portavoz popular, Maria Mercè Martorell. La edil defensa «una bajada generalizada de los impuestos», así como «una apuesta irrenunciable a invertir en el espacio público, en el alquiler de maquinaria de limpieza hasta que se solucione el contrato de la basura, en seguridad con las comisarías de proximidad y al potenciar el turismo y el patrimonio como motor económico».
Figuras nuevas en el tablero
Uno de los principales cambios con respecto a las negociaciones del año pasado, es que, esta vez, hay dos figuras que antes no estaban: los dos consejeros no adscritos, Javier Gómez y Jaime Duque. Junts y ECP ya exigieron al gobierno que no contara con los dos ediles tránsfugas de cara a la aprobación de las ordenanzas y volverá a ser una condición de las dos formaciones para dar apoyo a los presupuestos del próximo año. Los no adscritos están dispuestos a negociar, pero, de momento, el gobierno no ha convocado ninguna reunión con ellos. Esta semana, el gobierno aprieta el acelerador con el objetivo tener las cuentas aprobadas, como máximo, en el pleno ordinario que tendrá lugar el 15 de noviembre.