El exconcejal de urbanismo asegura que «no tenía ningún interés en la tramitación del Parc Central»

El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tarragona, Àngel Fernández, acusado en el caso del Parc Central, ha asegurado que «no tenía ningún interés» en la tramitación del centro comercial y ha realzado que las contraprestaciones acordadas en el convenio urbanístico con Erosmer Valencia permitieron la construcción de los dos puentes en la entrada en la ciudad y la reurbanización de esta zona.

Este viernes, también han declarado los otros dos investigados en la causa, José Miguel Yubero y Juan Carretero. Han negado que conocieran los dos contratos entre varias empresas del entramado por valor de más de 200 millones de pesetas para la intermediación en la compra de los terrenos del gas. Concretamente, Erosmer pagó a Pieles de España y esta a Típel.

De los 8 investigados, sólo se juzgan tres

El juicio por el caso del Parc Central arrancó a principios del mes de septiembre en la Audiencia de Tarragona con cuatro de los ocho investigados sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de Àngel Fernández, quien fue concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Tarragona (CIU), Juan Carretero, empleado de la empresa Típel -una de las filiales de las empresas de la familia Prenafeta- y José Miguel Yubero, trabajador del grupo Eroski -que participó en la negociación de la compra de los terrenos donde se ubicó el Parc Central, así como del abogado Enric Llovet y el exalcalde de Reus y empresario, Miquel Colàs, los cuales quedaron excluidos del procedimiento. El resto de acusados Isidoro Prenafeta, José Maria Vidal, Luís Valero y Lluís Carbonell están muertos.

Peticiones del ministerio público

Fiscalia acusa a Àngel Fernández de un delito continuado de tráfico de influencias y de un delito continuado de prevaricación, por los que solicita una pena de cuatro meses de arresto mayor, 8 años de inhabilitación especial por trabajo o cargo público y una multa de 2.406.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago, así como el pago de las costas procesales.

El ministerio público también acusa a Juan Carretero y José Miguel Yubero de tráfico de influencias -continuado- en concepto de inductores o cooperadores necesarios del concurso medial de este delito. En este caso, les pide una pena de cuatro meses de arresto mayor, 8 años de inhabilitación especial por trabajo o cargo público y una multa de 1.800.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de cuatro meses en caso de impago y sufragar las costas procesales.

Miquel Colàs exalcalde de Reus también estaba inicialmente investigado en la causa por un delito continuado de tráfico de influencia. Sin embargo, el tribunal lo excluyó provisionalmente de la causa porque no se encontraba en las condiciones adecuadas para afrontar el juicio a raíz de su avanzada edad.

Los magistrados también aceptar la petición de la defensa de Enric Llobet en las cuestiones previas y le retiraron la acusación de blanqueo de capital. El abogado se enfrentaba a una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 360.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de un mes en caso de impago y las costas procesales.

El próximo miércoles está prevista la última vista del juicio cuando el fiscal y las defensas harán sus informes y conclusiones finales, donde posiblemente modificarán sus peticiones iniciales.