El Ayuntamiento de Tarragona descarta implantar una comisaría en la Part Baixa, que costaría más de 700.000 euros

«Implantar una Oficina de Recepción de Denuncias (ORD) fija en el barrio del Port, en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, es prácticamente inviable con respecto a recursos humanos y económicos».

Esta es la conclusión del informe elaborado por la Guardia Urbana, que ha estudiado la viabilidad de instalar una comisaría de proximidad a la Part Baixa. Una de las principales razones para descartar esta iniciativa es su coste, ya que superaría los 700.000 euros.

Esta fue una demanda de los vecinos del barrio, en especial de la calle Orosi, para poner fin a la inseguridad y el incivismo de la zona. El pasado mes de septiembre, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explicaba que el gobierno municipal estaba valorando la propuesta y que se había encargado un estudio a la Guardia Urbana para analizar «la idoneidad, la ubicación, el coste y el personal necesario».

El informe de la policía local considera que la abertura de esta comisaría fija, que actuaría como Oficina de Recepción de Denuncias, sería «una muy buena iniciativa con el fin de mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos», ya que sería un «punto centralizado» donde las personas podrían denunciar tanto delitos, como otras inquietudes del barrio «de forma segura y confidencial».

Así, reconocen que ayudaría a incrementar la confianza de los ciudadanos en la Guardia Urbana y el Ayuntamiento, se reduciría la sensación de inseguridad al barrio del Port y bajarían las incidencias a causa de una mayor presencia policial, entre otros. Además, el patio del Palau Firal sería «adecuada», junto a la plaza de la Pedrera, la calle Orosi y la estación de trenes de Tarragona.

En contraposición, la implantación de esta comisaría supondría una gran inversión a nivel económico y humano. Según las previsiones de la Guardia Urbana, «el coste sería de más de 700.000 euros», incluyendo el sueldo de la plantilla.

Además, señalan en el informe, hay que tener en cuenta los recursos humanos que dispone el cuerpo. «Para el buen funcionamiento de esta nueva unidad, haría falta un equipo inicial compuesto por un cabo y cuatro agentes en turnos de mañana y tarde», se indica en el documento.

«En todo, se tendría que añadir la planificación de convocatorias de agentes, así como la asignación de partidas presupuestarias adecuadas, con una planificación del alcance, el tiempo y los costes adecuados para satisfacer las necesidades para la puesta en marcha de la nueva Oficina de Recepción de Denuncias», se asegura en el informe.

Por todos estos motivos, el gobierno municipal ha descartado la instalación de una comisaría que sería «una solución a medio o largo plazo porque harían falta un aumento de la plantilla y una gran inversión».

Solución alternativa

La Guardia Urbana también apunta en su estudio que ubicar sólo un dispositivo fijo a la Part Baixa puede suponer «un agravio hacia otros barrios de la ciudad que se podrían sentir menospreciados».

En este sentido, la policía local propone una solución alternativa: implantar una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) móvil. Se activarían diferentes furgonetas que, de forma planificada, se desplegarían por los barrios de Tarragona.

Se considera que «es más viable, tanto con respecto a los recursos humanos como económicos» y «permitiría ubicarla en espacios estratégicos de la ciudad». El informe apunta que podría entrar en funcionamiento en el 2025 y supondría una solución a corto plazo para ganar «eficacia y eficiencia» como «servicio de proximidad».

Así se quiere dar respuesta a las demandas de los vecinos de la Part Baixa, que no tienen suficiente con el plan de acción impulsado por la Guardia Urbana los últimos meses para reducir las conductas incívicas y los hechos delictivos. Los residentes del barrio quieren más medidas para dejar de sentir inseguridad.