Judicial
Perdonan una deuda de 60.000 euros a un tarraconense tras perder su empleo
Al ser despedido de su trabajo, los ingresos solo le daban para las necesidades muy básicas y no pudo compensar los préstamos personales pedidos con anterioridad
Juzgado Mercantil de Tarragona.
Un vecino de Tarragona ha logrado que le perdonen una deuda de 60.000 euros manteniendo su vivienda tras perder su empleo. Al verse despedido de su trabajo, los ingresos le solo daban para las necesidades muy básicas y no pudo compensar los préstamos personales pedido con anterioridad. Según explica la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, al llevar la hipoteca al día lograron mantener en propiedad la vivienda del ex-deudor.
Ante la falta de trabajo, el solicitante se vio obligado a recurrir a préstamos para poder subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Estos créditos, inicialmente adquiridos como una medida temporal para enfrentar la adversidad, se convirtieron en una carga insostenible debido a los pocos recursos disponibles.
Actualmente, los ingresos mensuales generados por los deudores apenas le permitían subsistir, lo que le impidio cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores. Esta situación de insolvencia es una consecuencia directa de la crisis económica y la falta de estabilidad laboral.
Fue entonces cuando contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento y se le aconsejó acogerse a un proceso que permitiera quedar libre de deudas definitivamente: la ley de la segunda oportunidad.
«El mayor miedo para este matrimonio es perder la vivienda, pues viven con sus hijos y no podían quedarse en la calle», explica el letrado Pepe Domínguez.
Por eso solicitaron al juzgado competente la apertura de una fase judicial donde se informaría del patrimonio de los deudores, a fin de valorar la posibilidad de venderlos para compensar deudas.
«Este punto fue crítico, pues el juzgado consideraba que la vivienda debía ser subastada en concurso. La Ley otorga protección para los concursados, quienes deben comprometerse a afrontar un plan de pagos para evitar la liquidación. Las cuotas mensuales en función de sus ingresos, por lo que son asumibles», detalla el letrado.
Por último, solicitaron el perdón de la deuda pendiente acreditando los requisitos legales: demostrar que no habían podido pagar con las 3 últimas rentas y que no tenían delitos penales.
El Juzgado conocedor de este procedimiento comprobó estos requerimientos y el pasado 30 de septiembre de 2024 fue dictada la sentencia concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) de 58.623,13 euros.